El cooperante Albert Vilalta, que pasó 267 días en manos de Al Qaeda en el desierto de Mali, sólo podrá ser indemnizado a cargo del Ministerio del Interior en el caso de que quede acreditado que su secuestro fue un atentado contra intereses españoles.

Así lo ha explicado a EFE el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha eludido hacer "juicios de valor" sobre si los tres cooperantes secuestrados en Mauritania se pusieron de forma consciente en una situación de peligro.

"No debemos hacer un juicio moral, sino jurídico", ha insistido Rodríguez Uribes, que ha asegurado que la resolución del caso dependerá de los informes que se reciban del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Audiencia Nacional que investiga el secuestro.

Ha recordado que la ley vigente marca tres requisitos claros para recibir ayudas económicas por atentados en el extranjero: que la víctima sea española, que el daño se haya producido en un acto terrorista, no de delincuencia común, y que el atentado sea contra intereses españoles.

Fue el caso de las cinco víctimas españolas del atentado contra la Casa de España en Casablanca, perpetrado el 16 de mayo de 2003, o los militares españoles muertos en los ataques terroristas sufridos por las Fuerzas Armadas en el exterior.

Por contra, la actual normativa no cubre a los ocho turistas españoles que murieron asesinados en un atentado en Yemen, o a la española que perdió la vida cuando trabajaba en una de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Una laguna que quedará cubierta con la futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo en tramitación en el Congreso y que contempla indemnizaciones para todos los españoles víctimas de atentados en el exterior, sean o no contra intereses españoles.

No obstante, el proyecto de ley contempla una rebaja de entre el 30 y el 40 por ciento de las indemnizaciones económicas que podrán percibir estas víctimas, en función de si contaban con algún seguro de viaje.

En este sentido, Rodríguez Uribes ha apelado a las responsabilidades de los ciudadanos que, en ocasiones realizan viajes de placer a zonas de riesgo.

En la petición de Albert Vilalta, el Ministerio del Interior tiene un plazo máximo de un año para resolver la solicitud del cooperante, que ya ha anunciado que, en el caso de recibir la indemnización por víctima del terrorismo, la destinará a fines sociales.

Según el actual baremo de indemnizaciones, Vilalta podrá recibir hasta un máximo de 48.000 euros, 12.000 por el secuestro, y otros 180 euros por cada día de cautiverio hasta un máximo de 36.000.