AGENCIAS.
La detención del presunto etarra Andoni Zengotitabengoa se produce doce días después de que se hiciera público el auto del juez de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco denunciando la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La banda terrorista ETA cuenta en Venezuela con unas 40 personas relacionadas con su actividad delictiva y cerca de un centenar repartido por diversos países del continente Iberoamericano como Cuba o México. La mayoría de ellos son huidos de la Justicia, como es el caso de Zengotitabengoa, y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa de la banda.
Este auto ha provocado una polémica entre el Ejecutivo español y el Gobierno de Hugo Chávez, cuya postura respecto a ETA ya provocó otro conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que el Gobierno venezolano iba a conceder la nacionalidad a cuatro etarras --Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa--, todos ellos con delitos de sangre, para evitar su extradición a España. El Gobierno español se quejó formalmente y evitó esta medida, así como que las autoridades venezolanas indemnizar con más de 300.000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.
Tras conocerse el auto del juez Velasco, Hugo Chávez no dudó en acusar al magistrado de hacer "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano" y lo consideró un vestigio de la época colonial española.
En rueda de prensa en Hannover (Alemania), el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, informó de que el jefe de la diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, había pedido "explicaciones" a Venezuela sobre el auto, en el que se procesa al presunto etarra Arturo Cubillas, que trabaja para el Goberno de Venezuela.
Cubillas fue nombrado en octubre de 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Hugo Chávez, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ocupa desde enero de 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.
No obstante, Hugo Chávez defendió que el ministro de Exteriores español sólo le había pedido información y nunca explicaciones. "No tengo que darle ninguna explicación ni a Zapatero ni a nadie, que le pida explicaciones a ese juez irresponsable", dijo Chávez.
Moratinos, directamente aludido en esta polémica, aclaró un día después que él solicitó información al Gobierno de Venezuela, que finalmente se compromió a colaborar con España una vez recido el auto del juez Velasco.
El pasado día 6, Venezuela y España hicieron público un comunicado conjunto en el que rechazaron el terrorismo y se comprometieron a "seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial" para luchar contra la banda.
Cuando parecía que se había rebajado la tensión entre ambos países, el titular de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, acusó el pasado domingo al juez de la Audiencia Nacional de estar relacionado con la "mafia del ex presidente del Gobierno José María Aznar" y "lo peor del PP". No obstante, el Departamento de Miguel Angel Moratinos decidió no realizar ninguna protesta por estas declaraciones porque, aunque se emitieron el domingo en un programa de televisión, se grabaron antes de la difusión del comunicado conjunto.
El Gobierno hizo llegar a comienzos de esta semana el auto de Velasco a las autoridades venezolanas tal y como fue redactado por el juez de la Audiencia Nacional. En el escrito --en el que dicta orden de busca y captura para seis etarras y siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-- se detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC se trasladaron a España y pidieron "colaboración" a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y "más recientemente" trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe.
La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, 'Raúl Reyes', concluye que los contactos entre los dos grupos terroristas contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de "la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC" y formación en "las técnicas más modernas de guerrilla urbana".
En agosto de 2007, el etarra identificado con el alias de 'Martín Capa', cuya identidad se desconoce, e Ignacio Domínguez Achalandabaso impartieron en una finca de la selva venezolana cercana a Guadalito, en el estado de Apure, un curso teórico-práctico de unos 20 días a 13 miembros de las FARC sobre el manejo del explosivo C-4, de fácil adquisición en Venezuela, y la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.
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