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La Generalitat instará al Ministerio de Política Territorial a que cambie de provincia a 29 municipios catalanes para adecuarlos a la nueva distribución en provincias, comarcas y veguerías prevista en el Estatut, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press. Los cambios afectan, entre otros, a 15 localidades del Solsonès y a nueve de la Cerdanya.
Cataluña está dividida en cuatro provincias y 41 comarcas, y también lo estará en siete veguerías, pero los tres mapas no encajan. Un ejemplo es el municipio de Gòsol, situado en la provincia de Lleida y en la comarca del Berguedà. La Generalitat quiere que se incorpore a la provincia de Barcelona, donde pertenecen el resto de municipios de su comarca.
Los cambios en los límites provinciales que pide la Generalitat, y que el Congreso debe aprobar por Ley Orgánica, afectan a tres demarcaciones: Lleida, Girona y Barcelona.
El propósito de la Generalitat es que las provincias se mantengan, aunque sólo servirán como "administración territorial del Estado y de circunscripción electoral para las elecciones generales", explicó a Europa Press el conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs.
Los dos principales cambios afectan a la comarca del Solsonès, hoy en la provincia de Lleida; y a la comarca de la Cerdanya, hasta la fecha repartida por dos provincias, Lleida y Girona.
En el caso del Solsonès, el Govern quiere que se pase a Barcelona, coincidiendo con la creación de la veguería de la Cataluña Central, situada en esta provincia. Los 15 municipios afectados son Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, La Coma i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys y Solsona.
En cuanto a La Cerdanya, se quiere que sus nueve municipios que hoy pertenecen a la demarcación de Girona -Puigcerdà, Alp, Bolvir, Fontanals, Guils, Meranges, Prats i Sansor, Lles y Urús- se integren a la provincia de Lleida.
Otro caso se da en la comarca de Osona, situada mayoritariamente en la provincia de Barcelona, excepto tres municipios --Espinelves, Vidrà y Viladrau-, que pertenecen a Girona y que se desea que se integren a la demarcación de Barcelona.
El último cambio es el de Fogars de la Selva, un municipio que pertenece a la provincia de Barcelona pero a la comarca de La Selva (Girona), y que el Govern desea que se incorpore a Girona.
Los cambios en los límites provinciales deben negociarse con el ministerio de Política Territorial, liderado por Manuel Chaves, y tienen que aprobarse por Ley Orgánica en las Cortes.
En cambio, la sustitución de las cuatro diputaciones por siete 'consells de veguería' se negociará con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya que requieren de una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), puesto que compete a su ministerio.
En cuanto a la ley del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que significará la reinstauración de un organismo supralocal de cooperación entre los municipios del cinturón tras su supresión ordenada por Jordi Pujol a finales de los años 80, Ausàs lanzó un mensaje tranquilizador al territorio.
Así, puso énfasis en indicar que en ningún caso, el nuevo órgano será un contrapoder a la Generalitat porque "no tendrá dimensión política". Además, sus competencias serán las mismas que ostentan las tres entidades metropolitanas existentes: agua, residuos, transporte urbano y soterrado, licencias de taxi y medio ambiente.
La única novedad es que participará en la toma de decisiones urbanísticas a escala supralocal. Por todo ello, Ausàs lamentó que CiU insista en presentar la futura AMB como un contrapeso de la administración catalana, y recordó que algunos de sus principales dirigentes en la conurbación de Barcelona --el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder; y el líder de CiU en el Ayuntamiento de la capital catalana, Xavier Trias-- defienden este proyecto de ley.
El conseller también vio "impensable" que el presidente de la AMB no sea el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, como ocurre en la actualidad con la Mancomunidad de Municipios, y consideró evidente el liderazgo de la capital catalana en el conjunto de municipios de su conurbación.
