AGENCIAS.
El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, anunció este domingo que el Ejecutivo se personará como acusación particular en la Operación Voltor, que investiga los presuntos casos de corrupción en torno al Instituto de Estrategia Turística (Inestur) y que afecta a ex altos cargos de instituciones autonómicas. En este sentido, Antich destacó que el Govern "defenderá todos los intereses de los ciudadanos en todos los rincones".
Durante la presentación de la nueva consellera de Turismo, Joana Barceló, y al nuevo conseller de Trabajo e Inmigración, Pere Aguiló, Antich anunció que el Gobierno balear se personará como acusación particular en la investigación judicial sobre la presunta malversación de fondos públicos cometida durante es legislatura a través del Inestur en forma de contratos y adjudicaciones irregulares a empresas próximas a UM, conocida como operación Voltor.
Así, el jefe del Ejecutivo balear recalcó que el Govern "defenderá todos los intereses de los ciudadanos en todos los rincones" y, en este sentido, dijo que si ya lo ha hecho en otras situaciones de supuesta corrupción, "lo haremos en este caso igualmente". Antich se refiere así al caso Palma Arena, investigación sobre la supuesta trama de corrupción en torno a lo construcción del velódromo Palma Arena y en la que el Ejecutivo también se personó como perjudicado.
De este modo, el Govern volvería a actuar como acusación particular, en un caso de presunta corrupción, que afecta directamente a los ex directores generales de Calidad Ambiental y Promoción Turística del Govern, Antoni Oliver y Joan Sastre; para quienes el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, a fin de mitigar un posible riesgo de fuga por su presunta implicación en esta trama y las penas que llevan aparejadas los delitos que se les imputan.
Del mismo modo, decretó la misma medida para los ex presidentes de UM Miquel Nadal u Miquel Ángel Flaquer, la misma cantidad que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción después de que ambos declarasen en el marco de la Operación Voltor. Mientras tanto, el magistrado decretó también fianza de 75.000 euros para el contable de UM Álvaro Llompart, mientras que decretó libertad sin fianza para el director del Instituto de Inversión para la Mejora del Entorno Turístico y concejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa.
Los imputados disponen hasta las 13.00 horas de este lunes de plazo para depositar las fianzas, que en caso de ser constituidas les permitirá eludir su ingreso en la cárcel, aunque como medidas cautelares complementarias les será retirado el pasaporte y recaerá sobre ellos la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comparecer quincenalmente ante el Juzgado.
