AGENCIAS
El ex alcalde de Montroi Francisco Javier Carrión, del PP, quedó hoy en libertad tras abonar la fianza de 8.500 euros impuesta por el juez de primera instancia e instrucción número 1 de Picassent (Valencia), que estableció para el ex regidor la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y la retirada del pasaporte.
El instructor ordenó además prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros para uno de los cuatro constructores detenidos en la misma operación. Asimismo, decretó libertad provisional con fianza de 3.000 euros, que debe ser consignada en un plazo de siete días, tanto para el arquitecto como para el ingeniero industrial, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent acordó, por último, libertad provisional para los otros tres constructores, dos de ellos con fianza de mil euros cada uno y el tercero sin necesidad de fianza.
El juez estableció para todos ellos, además, la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado, para garantizar que comparezcan siempre que sean requeridos
Los siete detenidos el pasado miércoles declararon hoy como imputados en la causa abierta por delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación, intrusismo, estafa y falsedad documental, y que todavía permanece secreta.
El ex alcalde de Montroi, Francisco Javier Carrión, del PP, dimitió en mayo de 2006 por la falta de apoyo en la aprobación de los presupuestos y otros temas por parte de la oposición y, en especial, de Unió Valenciana, que habían sido sus socios de gobierno. Al frente de la alcaldía le sustituyó el actual primer edil, el socialista Antonio Polo. Del resto de los seis detenidos no se ha precisado la identidad.
La investigación judicial, que se está llevando a cabo en coordinación con la sección especial de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia y que desarrolla la sección de Medio Ambiente de la unidad orgánica de policía judicial de la Guardia Civil, se inició hace un año.
Según especificó el TSJCV, se investigan delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. En el marco de este operativo judicial-policial se registraron de manera simultánea la sede del Ayuntamiento de la citada localidad, así como en siete domicilios y tres empresas de Valencia, Silla y Montroi.
