EUROPA PRESS - BARCELONA/MADRID
El presidente del PP, Mariano Rajoy, propuso ayer que todo inmigrante pueda beneficiarse de servicios básicos, como sanidad y educación, aunque no estén empadronados. "Con que simplemente los derechos de sanidad y educación no los garantizara el padrón, sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos sin ningún documento ya nos podríamos evitar muchos problemas", dijo en la clausura de la Escuela de Invierno del PP catalán.
El líder del PP aseguró que está a favor de la inmigración, afirmando que "todos" los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos y a venir a España para ganarse la vida, aunque recordó que esto depende de las ofertas de trabajo que haya en el país, y de la capacidad de prestar servicios sociales a todos.
"Hay una contradicción en la obligación de empadronar por ley, y otra ley que dice que se debe expulsar a las personas en situación irregular que se empadronan", sentenció.
Rajoy explicó que deben estudiarse los requisitos y los efectos del padrón municipal, aunque apuntó que la prioridad pasa por poner "orden y control" en la inmigración.
Por ello, llevarán diversas iniciativas al Congreso, como prohibir por ley las regularizaciones masivas, expulsar a los inmigrantes con sentencias judiciales de pena superior a seis meses de prisión, regular los requisitos del padrón, y no dar permiso de trabajo a los inmigrantes con una orden de expulsión.
"Una cosa es el tema del padrón, que tiene su importancia, pero el verdadero problema es la política de inmigración, y qué política debemos tener en el futuro", dijo.
Además, puso otra vez encima de la mesa la propuesta de hacer un contrato que regule los derechos y los deberes de los inmigrantes como una medida de integración a España, a través de su cultura y su tradición, subrayó.
Sobre la medida que quería impulsar el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular, apuntó que la ley "está para cumplirse", una afirmación que también trasladó al caso de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP.
"Debate oportunista"
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró tras el Consejo de Ministros que el debate suscitado en torno al empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular es "oportunista y malintencionado" porque "la mayoría de los ciudadanos extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan en España con plenas obligaciones y derechos de ciudadanía".
No obstante, reconoció que se trata de un debate "que está ahí" e incidió en que "los debates en democracia se producen y se respeten". En todo caso, recordó que ya se han realizado "un debate muy profundo" en fechas recientes con la modificación de la Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, y vaticinó que sobre este tema "se va a seguir debatiendo porque es un realidad que nos afecta".
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