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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un informe en el que pide expresamente una "revisión integral" de la Ley de Propiedad Intelectual así como eliminar de la misma "la obligatoriedad de la gestión colectiva a través de las entidades de gestión".
La CNC considera que es "fundamental que los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual funcionen de modo adecuado y sin que existan distorsiones en términos de competencia, sobre todo cuando, para muchos usuarios, la explotación de obras y prestaciones constituye un factor de producción necesario para el desarrollo de su actividad".
Asimismo, en su informe alude a la "posición monopolística" de las entidades de gestión lo que "reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas discriminatorias por la utilización de los repertorios y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios, tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno online", señala.
Evitar abusos
"Mientras persista la posición monopolística de las entidades de gestión", la CNC considera necesario adoptar medidas que permitan "evitar posibles abusos" y propone, entre otras, "revisar la regulación de la Ley de Propiedad Intelectual sobre los estatutos de las entidades y los contratos de gestión con los titulares, para establecer que el contrato sea en términos no exclusivos y conservar de ese modo la posibilidad de conceder licencias ya sea de modo directo o a través de otra entidad de gestión".
Además, ve conveniente "incluir en la Ley de Propiedad Intelectual obligaciones de transparencia sobre los repertorios efectivamente gestionados por las entidades, los contratos que alcancen con usuarios individuales y los contratos que alcancen con organizaciones de su misma clase, con sanciones previstas en caso de incumplimiento".
La CNC considera que sería preciso "incluir en la Ley de Propiedad Intelectual una obligación para que las entidades establezcan tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo, manteniendo como alternativa las tarifas por disponibilidad".
Asimismo apuestan por "reformar o sustituir la Comisión de Propiedad Intelectual para que esté dotada de competencia técnica y facultades decisorias y sancionadoras adecuadas para resolver cualesquier conflicto en materia de propiedad intelectual y, en particular, los conflictos tarifarios entre entidades de gestión y usuarios".
