EFE
El Tribunal Constitucional arranca el año 2010 con un total de 10 recursos a diferentes estatutos de autonomía pendientes de resolución. El texto que más requerimientos acumula es el catalán, con siete, pero el alto tribunal también deberá pronunciarse sobre los estatutos de Andalucía, Aragón y Castilla y León.
La pasada legislatura estuvo protagonizada por un proceso de reformas estatutarias que sin embargo acumularon muchas denuncias ante el Tribunal Constitucional debido a diferentes aspectos relacionados, sobretodo, con la financiación o el agua, que despertaron las sospechas de las comunidades vecinas. El único texto que se salvó de ser recurrido fue el balear, que superó el trámite parlamentario por unanimidad y no fue objeto de ningún reproche.
El Tribunal Constitucional comienza el nuevo año con su labor encallada en la resolución de los siete recursos presentados al Estatut por el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Todos ellos fueron admitidos a trámite a lo largo de 2006 y cumplen ya más de tres años sin recibir respuesta, aunque se espera que la sentencia esté lista en el primer mes de 2010.
En su recurso, los 'populares' piden la revisión de numerosos artículos de la reforma estatutaria catalana que afectan a aspectos como la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial o la relación bilateral con el Estado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, apela al "valor superior de la igualdad" en que se fundamenta la Constitución y entiende que el texto catalán sienta una "desigualdad" entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos.
Además, el Tribunal Constitucional deberá estudiar los recursos presentados por cinco comunidades autónomas contra el texto estatutario catalán por diferentes artículos como la gestión del agua, la financiación o la regulación de los fondos de la Corona de Aragón.
El Guadalquivir y el Duero
Sin embargo, el alto tribunal también deberá pronunciarse sobre un recurso de la Junta de Extremadura al estatuto de Andalucía en el que los extremeños argumentan que el texto andaluz "incumple" la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir.
Según el Ejecutivo extremeño, el artículo que otorga competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir vulnera el artículo de la Constitución que reconoce las competencias del Estado para las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma.
El estatuto de Andalucía también fue recurrido tras su aprobación por la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este recurso --relativo a la regulación de la inversión estatal en Andalucía-- no fue admitido a trámite al considerar el alto tribunal que el objeto de la demanda no era declarar la inadecuación del estatuto a la Constitución sino su "incongruencia" con el texto catalán, lo que resultaba "extravagante" y "ajeno" a su jurisdicción.
Pese a que salió de las Cortes Generales con unanimidad, también fueron recurridos tres artículos de la reforma estatutaria de Aragón, ya que el Gobierno de La Rioja considera que invade las competencias, tanto estatales como de la comunidad, en materia de aguas.
El último de los estatutos en ser recurrido fue el de Castilla y León, ya que Extremadura no ve con buenos ojos su artículo 75.1, que atañe a la "competencia exclusiva" en materia de la cuenca hidrográfica del Duero y que considera que "choca" con el artículo 149 de la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado respecto a los recursos hídricos que afectan a más de una región.
El Gobierno extremeño considera que el Estatuto de Castilla y León "vulnera las competencias exclusivas del Estado y conculca el principio de la unidad de cuenca" y recordó que la cuenca hidrográfica del Duero atañe a una superficie de unos 35 kilómetros cuadrados de los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría.
Aval al estatuto valenciano
Todos estos requerimientos se suman a los dos presentados al estatuto valenciano por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha y que ya fueron rechazados por el Tribunal Constitucional. Estos dos recursos pretendían impugnar el derecho que la norma valenciana establece para la comunidad a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.
Estos recursos fueron rechazados por siete votos a cinco a favor del artículo 17.1 del texto valenciano que establece que "se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad". "Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", sostiene.
