AGENCIAS - MADRID
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicita el pago de una fianza solidaria de 51.441.746 euros a la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen. El magistrado les imputa la comisión de delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según se un auto fechado el 26 de octubre y hecho público ayer.
Garzón concedió a los imputados un plazo de diez días para satisfacer de forma solidaria esta fianza con el objetivo de "garantizar las responsabilidades pecunarias a que hubiere lugar" durante el proceso. De no hacerlo, el juez amenaza con proceder al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada más un tercio, hasta alcanzar los 68.592.351euros.
Además, en el auto el juez cursa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Chile, para tomar declaración a la viuda y el resto de querellados y para obtener los documentos originales que se refieren a los hechos y están en poder de los cuatro imputados, a fin de incorporarlos a la causa.
Garzón adopta esta decisión en el marco de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro del sumario que investigaba el Plan Cóndor. En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento de la causa contra el Banco Riggs National Corporation, que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.
No obstante, la Fundación presentó en 2007 una segunda ampliación de querella contra el gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005, Pablo Granifo, responsables de la institución en Nueva York.