Nuevos delitos y penas más duras contra la corrupción y el abuso de menores

AGENCIAS - MADRID El Consejo de Ministros envió ayer a las Cortes la reforma de más de 130 artículos del Código Penal para endurecer las penas contra la corrupción, los abusos sexuales a menores y el terrorismo. El acoso laboral o inmobiliario serán castigados con hasta tres años.
Se fijan medidas de control extraordinarias para terroristas y violadores –especialmente pederastas–, como la libertad vigilada por 10 años revisable una vez que hayan cumplido su condena. No prescribirán los delitos de terrorismo cuando haya víctimas y tendrán castigo penal la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y financiación terrorista.
Esta reforma incluye el delito de corrupción entre particulares y la responsabilidad de las personas jurídicas, tipifica de manera más exhaustiva el cohecho, también en el ámbito empresarial, y aumentan las penas para delincuentes urbanísticos, que perderán sus ganancias. Se castigarán con hasta 4 años de cárcel las obras ilegales y a quienes las amparen. Se privará de la patria potestad para proteger a un menor.
La protección a los menores se refuerza con un régimen penal agravado cuando la víctima no llega a los 13 años. Los abusos en estos casos acarrearán 15 años de prisión. Se tipifica como delito la captación de menores para espectáculos pornográficos y habrá cárcel para el cliente de la prostitución cuando la relación sexual sea con menores o personas que no puedan decidir por sí mismas.
Alternativas a la cárcel
Se ponderará la individualidad de las penas y se establecen para delitos de menor gravedad alternativas punitivas a la cárcel, como trabajos en beneficio de la comunidad. Es el caso del "top manta". Entre los nuevos delitos recogidos en la reforma cabe señalar los sobornos, los fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico de órganos.
Se podrán sustituir las penas de prisión de menos de seis meses por la localización en domicilio y optar entre la cárcel o la expulsión para los extranjeros condenados a menos de seis años. Se eleva a cinco años el plazo mínimo de prescripción de los delitos. Nadie se verá favorecido por cumplir a la vez una condena y la prisión preventiva.