Un convenio vital para resolver un "complejo" problema jurídico

M. FONTÁN/M.J. ÁLVAREZ - VIGO/OURENSE “¿La solución para trasladar a los piratas detenidos a Somalia? Hablando en abstracto, en general, existen convenios que lo permiten, pero dudo mucho que haya uno entre España y Somalia”. Un destacado jurista vigués se expresaba ayer de esta manera al preguntársele sobre el complejo problema jurídico que supone la devolución al país africano de los dos arrestados por el secuestro del atunero Alakrana, en la actualidad presos en Madrid. El convenio al que se refería este miembro de la judicatura, efectivamente, no existe, tal y como confirmaba ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Y un tratado de estas características sería “vital” para que los piratas, si así se decidiese, fuesen entregados a Somalia para ser juzgados allí. “Es indispensable un convenio que regule la extradición; judicialmente no hay otro instrumento para hacerlo”, resumen también otros jueces y fiscales gallegos, que coinciden en calificar la situación como de “una gran complejidad jurídica”.
Ayer se conocía que España está negociando un acuerdo con Somalia para extraditar a los dos piratas detenidos, estudiándose así la posibilidad de que sean juzgados en su país o que cumplan allí la condena tras un posible enjuiciamiento por la Audiencia Nacional. Una vía a la que apunta el representante en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio Piña. El también juez decano de Ourense entiende la delicada situación de los marineros retenidos desde hace ya más de un mes en el barco. “Y al no existir un convenio de extradición entre Somalia y España, urge la elaboración de un acuerdo sobre la marcha entre los dos países para resolver pronto este conflicto”, afirma. Este magistrado entiende que “no caben decisiones políticas” para regular una situación cuya competencia es de los jueces y señala que, a su juicio, “éste es uno de los motivos por el que se está dilatando en el tiempo las soluciones a este secuestro”.
Quien no se quiso posicionar sobre las posibles soluciones o vías jurídicas para resolver la situación de los dos piratas fue el portavoz gallego de la progresista Jueces para la Democracia. “La postura de la asociación es la de ser prudentes con este tema y dejar trabajar al Gobierno; la vía diplomática puede dar más pasos”, sostiene Luis Villares, quien considera fundamental en estos momentos “apoyar a las familias y preservar la vida de los marineros que se encuentran en el barco”. “Es poco aconsejable irrumpir en estos momentos en la negociación y en el debate; hay que dejar al Gobierno maniobrar”, insiste el juez, quien, asimismo, señala que no se debe aprovechar este momento y esta delicada situación “para hacer política”. “Hay vidas en peligro”, concluye.

Abogacía

También hablan del Gobierno los juristas que recuerdan que fue el propio Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, quien dio inicio al proceso judicial que desembocó en las detenciones. “Cuando se empieza no hay posibilidad de pararlo, y la Fiscalía y los jueces no han hecho otra cosa que actuar conforme a la legalidad”, afirman. Y otra vez insisten en la necesidad del teórico convenio entre los países implicados. “Por poner un ejemplo claro: entre España y Portugal sí existe ese tratado y eso permitió que recientemente un portugués que mató a dos personas en su país y que perpetró un delito de tenencia de armas en España fuese entregado a su país con el compromiso de que lo juzgaran allí del ilícito cometido aquí”, relatan otras fuentes consultadas.
En este contexto, familiares de los marineros viajarán mañana a Madrid para entrevistarse con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes. Allí trataran de recabar apoyo para que se adopte la solución que permita que sus allegados, víctimas de un largo secuestro, puedan volver lo antes posible a sus hogares.