Una expulsión de hasta cuatro años es la máxima sanción que el Comité Nacional de Derechos y Garantías podría aplicar al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, por las declaraciones contra el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre publicadas por el diario "El País".

El citado Comité, que preside el dirigente castellanoleonés Alberto Fernández Mañueco, será autónomo para imponer cualquier posible sanción al número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, es decir, no es necesario que la medida que adopte sea ratificada o rechazada por cualquier otra instancia superior, sea el Comité Ejecutivo Nacional o la Junta Directiva.

Así consta en los estatutos del partido, concretamente en el artículo 49, cuyo primer punto establece que dicho organismo asume "competencias genéricas sobre todos los afiliados sin exclusión alguna".

Fuentes del PP no han podido precisar qué clase de sanción podría aplicar dicho organismo a Cobo, si bien indican que el abanico de posibles castigos transcurre desde "nada" a la expulsión hasta cuatro años, todo ello en función de la categoría de gravedad que el Comité Nacional de Derechos y Garantías dé a las declaraciones que ha efectuado a "El País".

Así, las posibles sanciones que podría recibir Cobo oscilan entre "nada", es decir, que no se instruiría expediente alguno porque el Comité así lo aprueba, y una suspensión temporal de militancia de hasta cuatro años, un castigo que sería consecuencia de atribuir la categoría de "muy grave" a la falta en la que habría incurrido.

También podría ser Cobo castigado por una falta "leve", y en tal caso el Comité de Derechos y Garantías podría sancionarle con una suspensión de militancia de unos meses.

Las declaraciones del teniente de alcalde de Madrid provocaron que el Comité de Derechos y Garantías del PP en la comunidad se reuniera con carácter de urgencia, aunque al final optó por trasladar el expediente al Comité Nacional, tal y como también recoge el artículo 49 de los estatutos de los populares.

El precedente de Peñas

Existe un precedente de actualidad, el de la expulsión del ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, el artífice de que el "caso Gürtel" comenzara su procedimiento judicial.

El PP expulsó a Peñas en 2005 por haber efectuado unas "muy graves" declaraciones contra las siglas y dirigentes de la formación.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías es posiblemente el órgano del PP que trabaja con mayor secretismo, de forma que sus investigaciones, salvo contadas excepciones, no son publicitadas por ninguno de los cargos populares.

De hecho, este Comité tiene pendiente la citación del ex secretario nacional del PP valenciano, Ricardo Costa, por sus presuntas conexiones con la trama 'Gürtel'.