El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer en Bilbao que la próxima semana su partido se personará como acusación particular en el caso Faisán, en el que se investigó el posible chivatazo en mayo de 2006 a un etarra del aparato de extorsión, lo que impidió su detención. "No vamos a aceptar el carpetazo", aunque "estén por medio el Gobierno y Garzón", porque los españoles "tienen derecho a saber la verdad", advirtió Rajoy.

El líder popular recordó que su partido apoya al Gobierno central en la lucha contra el terrorismo "porque ha rectificado" la política que había desarrollado con anterioridad. Sin embargo, sostiene que no apoyará "la impunidad" que puede suponer el archivo de esta causa, como solicitó el pasado día 6 la fiscalía al juez Baltasar Garzón, al no haberse podido averiguar, tres años después, quién fue el responsable.

Tras el anuncio de Rajoy, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, difundió un comunicado en el que justifica la decisión porque, en un Estado de derecho, rige el imperio de la ley, "que es igual para todos", por lo que si no lo hace el fiscal, "como sería su deber, impulsamos nosotros esta acción para que se llegue hasta el final en la causa".

A su juicio, el PP está legitimado porque la lucha contra el terrorismo "es un interés general de todos los ciudadanos", y su defensa, "uno de los principios del PP". Trillo destacó que el PP se persona también en defensa de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, "muchas de ellas, además, militantes del partido".

Trillo explicó que la decisión tiene como objetivo que "no queden en entredicho la profesionalidad y dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y es que el PP considera que los hechos objeto de la investigación judicial, acreditada la existencia de una filtración, son de "extrema gravedad".

Además de la decisión judicial, el PP ya anunció que volverá a llevar al Congreso el chivatazo a ETA durante la tregua para preguntar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, si está "satisfecha" con el resultado de las investigaciones.

Prisión en Francia

Mientras tanto, el jefe del aparato político de ETA, Aitor Elizarán, y su compañera Ohiana San Vicente fueron enviados en la madrugada del sábado a prisión por orden de la juez Laurence Le Vert, tras ser interrogados en el Tribunal de París. La juez confirmó los cargos contra los dos miembros de la banda, entre ellos el de "asociación de malhechores con vistas a la preparación de actos terroristas", un delito que en Francia puede conllevar una pena de hasta diez años de cárcel.

El responsable del aparato político de ETA y San Vicente fueron detenidos en Carnac (Bretaña, en el noroeste de Francia) el pasado lunes, cuando circulaban en un vehículo robado.

Por otro lado, los radicales arrojaron la noche del viernes varios cócteles molotov contra el edificio en el que tienen su sede los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en la localidad alavesa de Llodio, según informaron fuentes del Departamento vasco de Interior.