El Congreso abre la lata del blindaje fiscal del País Vasco

El PSOE accede a las pretensiones del Parlamento de Vitoria ante la negociación de los Presupuestos de 2010 con el PNV

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La ministra Salgado conversa con el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ayer en el Congreso.  // Efe
La ministra Salgado conversa con el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ayer en el Congreso. // Efe 

AGENCIAS - MADRID El Congreso de los Diputados aceptó ayer poner en macha las reformas legislativas que propicien el llamado "blindaje del concierto vasco". Es una decisión asociada a la cercana negociación de los Presupuestos Generales de 2010 entre el PSOE y el PNV y que ampara las aspiraciones vascas --nacionalistas y no nacionalistas-- de poner las peculiaridades fiscales del sistema foral a salvo de las reclamaciones y quejas que a menudo suscitan en regiones cercanas como Castilla y León, Cantabria y La Rioja.
La Cámara aprobó la toma en consideración de una proposición no de ley a petición del Parlamento autonómico vasco. En Vitoria, tal solicitud recabó el apoyo de PSOE, PP y PNV. En Madrid, la votación de ayer se saldó con un apoyo mayoritario del que se descolgó el Grupo Parlamentario Popular y la diputada de UPyD, la vasca Rosa Díez.
Los tres parlamentarios vascos del PP se ausentaron del debate en desacuerdo con la posición general del Grupo, disonante con los criterios de la dirección regional de Antonio Basagoiti. El diputado popular e integrante de la dirección del grupo en el Congreso, Alfonso Alonso, reconoció que en torno al debate sobre el blindaje del concierto vasco se ha producido "una ruptura" con la dirección nacional.
El Partido Popular trató de transmitir que su posición no significa que recele del sistema foral, sino que obedece a la vinculación del "blindaje" con la negociación presupuestaria. El PNV había supeditado de antemano su disposición a hablar con el PSOE sobre las cuentas del año 2010, entre otras condiciones, a que ayer prosperara la iniciativa de un "blindaje" foral otras veces intentado por los nacionalistas y rechazado siempre por los socialistas. Una de ellas durante la anterior legislatura, siendo ministro de Economía Pedro Solbes. El PNV suma seis votos en el Congreso que pueden ser la llave parlamentaia de los Presupuestos de la ministra Elena Salgado.
¿Qué supone el "blindaje"? Formalmente, el cambio jurídico que piden los partidos vascos supone suprimir la posibilidad de que las decisiones de política fiscal de las diputaciones forales de Guipúzcua, Vizcaya y Álava sean recurribles ante la jurisdicción ordinaria. Esos organismos son los titulares de las singulares capacidades que otorga el modelo foral al País Vasco para legislar sobre los impuestos. Pero al tratarse de instituciones de naturaleza local (no autonómica), las decisiones de las diputacioners tienen rango de reglamento (no de ley) y son por ello recurribles ante los tribunales ordinarios.
Ante esos tribunales han acabado varias veces cambios del impuesto de sociedades que han impulsado las diputaciones vascas. Al contrario que el resto de las autonomías, las forales (vasca y navarra) tienen el privilegio de modificar las condiciones del tributo que grava los beneficios de las empresas.
Esta capacidad ha sido utilizada frecuentemente para favorecer a las empresas radicadas en el País Vasco, aplicando tipos de gravamen más reducido que en el resto de España, o para alentar la instalación de nuevos negocios. Este último fue el caso de las llamadas "vacaciones fiscales", una exención temporal de tributos para nuevas empresas que fue recurrida, entre otros, por el Gobierno de La Rioja. El caso llegó hasta la Justicia europea, que dictaminó recientemente la ilegalidad de esas bonificaciones en la medida en que suponen ayudas públicas contrarias a la libre competencia y al derecho comunitario.
El «blindaje» jurídico que a partir de ahora va a tramitar el Parlamento español no evita del todo el riesgo de pleitos, pero sí puede remover los obstáculos judiciales que hasta la fecha se han cruzado en el camino de las diputaciones vascas, controladas ahora por el PNV. La reforma requerida supone en la práctica homologar los acuerdos de las diputaciones a las leyes de un parlamento autonómico y, con ello, que sólo el Tribunal Constitucional sea competente para decidir sobre las posibles reclamaciones. Esto es, ni un gobierno ni un ciudadano particular podrán pedir la intervención de los juzgados ordinarios.

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