Habrían participado 26 testaferros

Marbella reclamará los 670 millones lavados en "Malaya"

La Opinión de Málaga adelantó este viernes la cantidad a la que ascendía el blanqueo de dinero de la trama supuestamente dirigida por Juan Antonio Roca

 12:31  
Juan Antonio Roca.
Juan Antonio Roca. EFE

JOSÉ A. SAU / P. SÁNCHEZ. MÁLAGA Jesús Gil logró la alcaldía de Marbella en 1991. Hasta marzo de 2006, el Consistorio estuvo en manos de sus herederos. Las consecuencias de la gestión son evidentes: el Ayuntamiento, ahora en manos del PP, arrastra una deuda superior a los 500 millones de euros, dinero impagado fundamentalmente a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Además, en el entorno de la administración han estallado numerosos casos de corrupción ("Saqueos I y II", "Malaya", el "caso Minutas", etcétera...). En total, se ha personado en más de un centenar de asuntos.

Una gran parte de esa deuda se debe a que no había dinero para abonar los pagos. Pero el Ayuntamiento también dejó de ingresar una gran suma. "Al dinero que se llevaron hay que sumarle las cantidades desviadas", explica Félix Romero, portavoz del PP en el Consistorio marbellí. Éste afirma que el Ayuntamiento reclamará "hasta la última peseta" robada. De igual forma se expresa la alcaldesa, Ángeles Muñoz: "Intentaremos que lo que ha salido de Marbella vuelva a la ciudad porque desgraciadamente han limpiado y se han llevado esos más de 600 millones".

La regidora se pronunció así sobre la noticia adelantada el viernes por La Opinión de Málaga relativa a la valoración policial sobre el dinero total blanqueado en "Malaya", que asciende a 670 millones de euros (fundamentalmente "lavado" por 26 testaferros).

Aún no está claro que la cifra pertenezca en toda su extensión al Ayuntamiento, pero sí es cierto que ese dinero, ese beneficio generado con lo que no llegó a entrar en el Consistorio, se ha producido gracias a las expectativas de negocio generadas por promotores y constructores en torno a Marbella. El equipo de gobierno trabaja ahora en la tasación total de perjuicio económico sufrido por los numerosos casos de corrupción. "Hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que a los informes policiales se les escapen muchas cantidades, como ya ha reconocido el propio juez de "Malaya" en algún auto", apunta Romero.

Ángeles Muñoz, por su parte, no sólo habla de perjuicio económico, sino que también se refiere a la extensión social y urbanística de la corrupción: "Han dejado sin un metro cuadrado de equipamiento la ciudad".

Pero, ¿cómo se recupera todo lo saqueado y aquello que, perteneciendo al Consistorio, nunca llegó a entrar en las arcas municipales? Hay dos caminos. En las sentencias judiciales, como reconocen tanto Romero como Muñoz, una vez que son firmes se está recogiendo el pago obligatorio al Consistorio de las responsabilidades civiles. Sin ir más lejos, en "Saqueo I" se ha obligado a los imputados a pagar más de 31 millones de euros al Ayuntamiento.

Pero hay varios problemas. Además de cuantificar el perjuicio real (casi incalculable, a pesar de los esfuerzos incuestionables de los peritos de blanqueo y de la policía), el hecho es que una sentencia tarda varios años en ser firme (hasta que no sale del Supremo) y el Consistorio debe afrontar grandes pagos mensuales. La popularmente conocida como Ley de Bienes Decomisados (17/2003), según explican fuentes judiciales, "prevé claramente que los bienes intervenidos en una operación policial dependen del Gobierno, es decir, pasan a formar parte del Estado".

Cuando la policía interviene, por ejemplo, coches en una operación antidroga, éstos suelen ser cedidos a los agentes para que los usen. Por tanto, el Consistorio ha pedido una modificación de este texto legal. No en vano, recogieron miles de firmas en la villa para presionar al Gobierno.

La modificación de la letra normativa permitiría que el Consistorio pudiera ser depositario de los bienes embargados, de forma que éstos pudieran ser entregados como garantía de pago para afrontar su deuda. "Eso nos aliviaría mucho", reconoce Félix Romero. El hecho es que así, por lo menos, no habría que esperar a que la sentencia fuese firme.

Todo ello, claro está, después de pedir la ejecución del correspondiente embargo, paso previo a que el inmueble o bien en cuestión pasase a formar parte del patrimonio municipal.

"El débito es de 500 millones, pero el perjuicio es mucho mayor y todavía no hemos podido cuantificarlo", apunta Félix Romero.

De momento, tanto la alcaldesa como el portavoz reconocen que la administración local se ha personado en todos y cada uno de los procesos penales, amén de pedir procedimientos de alcance contable de cantidades, en principio tan nimias, como 4.000 euros.

La radiografía de la alcaldesa de Marbella es clara: "Si no se recuperan los bienes que han salido de nuestro patrimonio, la situación será inasumible en unos años".

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