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Camps, forzado por Rajoy, accede a relevar "de forma temporal" a su número dos

El PP valenciano propondrá el cese el próximo martes -EEl anuncio sorprendió a Ricardo Costa en Astorga, donde aprovecha el puente para realizar el Camino de Santiago

 01:06  
Ricardo Costa (dcha.) saluda a Esteban González Pons, ayer en Valencia
Ricardo Costa (dcha.) saluda a Esteban González Pons, ayer en Valencia Kai Försterling

REDACCIÓN -VIGO La primera víctima del caso Gurtel en Valencia ya tiene nombre: Ricardo Costa, secretario regional de los populares y portavoz del grupo parlamentario en la cámara autonómica. Las intensas presiones de la dirección nacional del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, forzaron ayer al presidente regional, Francisco Camps a sacrificar a su mano derecha.
El anuncio llegó con Costa disfrutando del puente festivo en Astorga, a donde el político valenciano se desplazó para hacer el Camino de Santiago. Rajoy había dado de plazo hasta las 21 horas de anoche para que Camps obligara a dimitir al secretario general, porque, de no hacerlo, el preidente nacional del partido enviaría un comunicado desde Génova anunciando el cese.
Durante todo el viernes, Costa, lejos de arrugarse, llegó a asegurar que contaba con toda la confianza de Camps. "Que me echen", dijo desafiante, después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, advirtiera contundente a la vera del Turia en relación con el caso Gurtel: "Ha llegado el momento de hacer algo, o de hacer algo. La fiesta en Valencia se acaba a las cuatro de la tarde".
Anoche, fuentes directas de Camps anunciaban que el Comité Ejecutivo del PP valenciano propondrá el próximo martes el "cese temporal" de su secretario general, Ricardo Costa, en sus funciones dentro del partido aunque mantiene la confianza "total" en su persona. Esta decisión,"en ningún caso" pone en entredicho "ni la capacidad ni la trayectoria política" del portavoz del grupo popular
Las especulaciones en torno a la caida de Costa se han sucedido a lo largo de toda la jornada, festiva en la Comunitat Valenciana y marcada por las repercusiones políticas del caso "Gürtel" en el PP regional, especialmente durante el acto institucional y la posterior recepción en el Palau de la Generalitat.

Camino de Santiago
Costa se fue de viaje para hacer el Camino de Santiago nada más finalizar ese acto, motivo por el cual no asistió a la posterior procesión. Antes afirmó que en las diversas conversaciones "unas habituales y otras específicas" que mantuvo en las últimas 24 horas con Camps, éste le trasladó su confianza en su persona y en su gestión. Tras evitar responder sobre si alguien del PP le había pedido su dimisión, Costa expresó su "absoluto respeto, apoyo y lealtad a Rajoy, que estoy seguro que en todo este proceso está haciendo lo más correcto para el PP". Más tarde, los periodistas intentaron, sin éxito, dialogar con Camps esas especulaciones sobre el futuro de su "número dos" han quedado momentáneamente aplazadas al conocerse la convocatoria del próximo martes del Comité Ejecutivo regional.
Al final las sospechas sobre la financiación ilegal PP han truncado la ascendente carrera polítíca de Ricardo Costa (Castellón, 1972), mano derecha de Camps en el partido y en las Cortes y que parecía destinado a entrar en el Gobierno regional.Su nombre apareció relacionado con el caso "Gürtel" y fue imputado junto a Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de de Turismo Rafael Betoret.

El Consejo de la Abogacía cree que las escuchas y las grabaciones se hicieron sin apoyo legal
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso "Gürtel" y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente". De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes.
El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho.
Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.
El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa.
Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.
Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".

Correa pagó a políticos para poder residir en Panamá
El supuesto líder de la trama de corrupción que se investiga en el "caso Gürtel", Francisco Correa, pagó una gran suma de dinero a personas "relacionadas con la vida política" de Panamá para obtener la residencia en ese país centroamericano y poder eludir la acción de la Justicia en España.
La parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto revela que Correa intentó lo mismo en Brasil y en Argentina, aunque la opción de Panamá "es prioritaria sobre las otras dos", según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía.
Panamá había causado una excelente impresión a Correa, que en una de sus conversaciones se refiere a este Estado centroamericano como "un país espectacular por la moneda, el dólar, que no tiene Ejército y es un país muy tranquilo".
Un informe policial fechado el pasado 6 de febrero, día en que Correa fue detenido, afirma que éste "trataría de estar obteniendo un permiso de residencia en un país de Suramérica al objeto de poder afincarse en el mismo, ante una posible actuación contra su persona, para lo que habría desembolsado una fuerte cantidad de dinero para ello a persona/s relacionada/s con la vida política de ese país".
Ese informe no especifica el destino elegido por Correa, pero uno anterior, de 25 de noviembre de 2008, dice que "con el fin de eludir algún tipo de acción judicial contra él en España", Correa ha desarrollado gestiones en tres países, Panamá, Argentina y Brasil, a través de otros tantos intermediarios, para obtener la residencia "por vías paralelas a las legales".
En Panamá, la documentación la tramitaba una mujer a la que los imputados se refieren como "la bruja" y por la que la Policía preguntó -sin mucho éxito- a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, cuando fue detenida.

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