Rajoy: "No hay financiación ilegal, sino una trama corrupta para aprovecharse del PP"

Esa fue la rección del presidente nacional después de un día de silencio. Sin embargo, la secretaria general popular, María Dolores de Cospedal, eludió hablar de responsabilidades ya que, a su juicio, con el levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel no hay "nuevas imputaciones", por lo que su partido no puede tomar más medidas hasta que actúe la Justicia. Y es que según De Cospedal, los imputados hasta la fecha en la causa ya no forman parte del PP. Sobre los presuntos regalos de lujo destinados a dirigentes populares, la número dos aseguró que no es "ejemplarizante" pero que es algo que "hay que demostrar".

Lo que iba a ser una jornada sobre los Presupuestos en la sede nacional, se dedicó a "la circunstancia", en palabras de Rajoy, tras el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Gürtel tras casi un año de instrucción secreta. "Lo que ha quedado acreditado es que estamos ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y para utilizarlo en su contra", argumentó. Y ante las denuncias de corrupción, subrayó que "cualquier persona que haya hecho cosas que no se deben hacer tendrá que asumir sus responsabilidades ante la opinión pública".

De esta forma, Rajoy recordó que el PP es depositario de la confianza de más de diez millones de personas: "La inmensa mayoría de los dirigentes políticos, de los cargos públicos y electos del PP son gente honrada, que cumple su trabajo, a veces con errores, pero desde luego fijándose en la defensa del interés general".

Pero después de que Mariano Rajoy hablara de exigir responsabilidades, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que no existen "nuevas imputaciones que afecten a militantes" de su partido. Por ello, dijo que no pueden tomar más medidas hasta que no haya decisiones de la Justicia.

La número dos leyó un comunicado, redactado bajo la supervisión de Rajoy. "Las cuentas han sido fiscalizadas puntualmente por el Tribunal de Cuentas y nada hay en lo que conocemos del sumario que contradiga el resultado impecable de dicha fiscalización. Estamos, en todo caso, ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

En el texto, el PP también exige el levantamiento total del secreto del sumario porque, según dice, en este último año ese secreto "ha sido vulnerado sistemáticamente con filtraciones selectivas y parciales que han generado una grave situación de indefensión" al partido. Además, denuncia que el PP está siendo "víctima de una actuación sectaria y partidista del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado", ante lo que confían en "la independencia judicial y su capacidad para hacer justicia por encima de los juicios paralelos".

Sobre comparaciones con el caso Filesa, De Cospedal apuntó que Correa y sus socios "no son dirigentes del PP" sino que constituyeron sociedades y "un entramado" para "enriquecerse ellos, no para enriquecer al PP". Ante la pregunta de si el partido abrirá una investigación interna, la secretaria general señaló que la capacidad de actuación del partido está supeditada a la actuación de la Justicia.

Defensa de Cascos y Agag

Por su parte, la portavoz parlamentaria Soraya Sáez de Santamaría, defendió que el ex ministro de Fomento Francisco Alvarez-Cascos y el empresario Alejandro Agag "sólo aparecen citados" en conversaciones de supuestos delincuentes, a quienes "no de- ben caerles bastante bien".

Mientras, el secretario de Comunicación, Esteban González Pons, defendió su labor como conseller del Territorio de la Generalitat, que "se ajustó estrictamente a la legalidad". Pons avisa que tomará medidas contra quien insinúe que sus actuaciones vulneraron la ley y dijo que las recalificaciones siguieron todos los trámites previstos en la ley.

En el bando rival, la vicepresidenta De la Vega advirtió del riesgo de "pérdida de credibilidad" que corre Rajoy; mientras que Manuel Chaves dijo que una o dos generaciones del PP pueden caer por las consecuencias de la trama.

Ana Mato, sospechosa

Entre los nombres del sumario aparece la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. La red de corrupción cambió la titularidad de un Suzuki Swift que había pertenecido a la mujer de Correa e imputada, Carmen Rodríguez Quijano, para ser transferido a Mato, según los documentos. El entonces marido de Mato y ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, aseguró ayer que fue él quien compró el coche de segunda mano y eximió a su ex mujer de responsabilidad.

Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP gallego, y Álvaro Pérez, El Bigotes, mantuvieron una reunión con el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dos semanas antes de ser detenidos, para informarle de la situación y "buscar una solución consensuada" al asunto de los "trajes". Así consta en las conversaciones intervenidas por la policía, en las que queda acreditado que Costa acudió al despacho de Pérez para hablar de los trajes que recibió como regalo el presidente valenciano, Francisco Camps. Según el sumario, tras ser citado por Pérez, Costa acudió en su coche oficial al despacho, donde coincidió con Crespo (quien viajó de urgencia desde Madrid para coordinar la estrategia) y el director de Canal 9, Pedro García Gimeno. Una de las estrategias que idean para su defensa es alegar que compraban los trajes a medida para Camps para usarlos en sesiones de fotos, pero que después el presidente siempre los devolvía. Al día siguiente, tanto Pérez como Crespo viajan a Madrid para reunirse con el sastre José Tomás e influir en su declaración.

Además de los trajes, los coches de lujo son otros de los regalos de la trama. Ante las insinuaciones de que el vehículo personal de Ricardo Costa fue uno de esos regalos, el todavía secretario general del PP valenciano lo negó tajantemente asegurando ayer que el todoterreno de lujo con el que sufrió un accidente en mayo lo pagó, por valor de 65.000 euros, con el dinero de la venta de su coche anterior, junto a un préstamo personal de sus padres y "dinero propio".