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Crespo destapa ingresos sin justificar en la financiación del PP de Galicia entre 1996 y 1999

La policía descubre 584.600 euros de gasto en el PPdeG que se intentó maquillar con facturas falsas

 07:53  
Crespo, antes de entrar en el TSJM el pasado mayo.
Crespo, antes de entrar en el TSJM el pasado mayo.  Javier Lizón

JULIO PÉREZ - VIGO Primero fueron Madrid y la Comunidad Valenciana, luego Castilla y León. Ahora Galicia. Los alargados tentáculos de Gürtel, la presunta trama de corrupción que salpica al PP desde hace meses, ponen en entredicho la legalidad de las cuentas del partido en la comunidad a finales de los años 90. Entre 1996 y 1999, cuando de la financiación de los populares gallegos se encargaba Pablo Crespo, secretario de Organización y mano derecha de Xosé Cuiña por entonces, hoy en prisión como uno de los cerebros de la red. El propio Crespo reconoce en una conversación con su abogado en la cárcel de Soto del Real, grabada por orden judicial, que en la contabilidad del PPdeG que guardaba como oro en paño en una sucursal bancaria de Pontevedra hay partidas sin especificar quién las ingresa. "Eso va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario", admitía ante su letrado el pasado 24 de febrero. Y así fue. La rama gallega del entramado liderado por Francisco Correa fue una de las grandes bombas de la parte del sumario que ayer desveló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
¿Cuánto dinero estaba sin justificar? Casi 600.000 euros, según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. 584.580 euros al margen de recibos, exactamente, que "se trataron" de maquillar con la emisión de facturas por parte de algunas de las sociedades del entramado, como Special Events, que se encargaban de organizar actos para el PP gallego. Los agentes de la UDEF reclaman que se investiguen los documentos ante un posible caso de facturas falsas.
El asunto le rondaba en la cabeza al ex número dos del Partido Popular en Galicia. "Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte", comentaba con José Antonio López Rubal, uno de sus asesores legales y también imputado. Pablo Crespo hace referencia durante el encuentro a las "diligencias" que estaban abiertas a principios de año, con la apertura de la famosa caja de seguridad en la que estaban depositados los balances del PPdeG, "toda la información económica" de sus cuatro años de gestión. "Hay una documentación ordenada por mí en su día –señala–, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras". Lo que no tenía tan claro Crespo era lo que esa documentación "ordenada" por él mismo podría dar de sí en la investigación. Especialmente el último ejercicio, el de 1999. El resto no creía que representara "un problema jurídico muy grave". "¿Cuando prescriben este tipo de cosas?", pregunta al abogado. López Rubal le advierte que "si es un problema de financiación irregular" que puede desembocar en un delito electoral, el carpetazo puede llegar "en menos" de diez años.
Pero más allá de los problemas legales que pueda acarrear el contenido de los misteriosos papeles, el cabecilla de la trama Gürtel piensa en la repercusión mediática. "Les va a dar alas para...". Su defensor le corta y da por hecho que por mucho tiempo que pasara algún periódico lo publicaría igual. "Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana –afirma Crespo–. Si estando el secreto de sumario, si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo". En aquel momento Galicia estaba en plena campaña electoral. La victoria del PP en la carrera por la Xunta sirvió de excusa para una nueva conversación entre ambos, en la que presumen, risas incluidas, de que finalmente la trama Gurtel no pasó factura en los comicios.
Los cuatro ejercicios contables del PP de Galicia entre 1996 y 1999 centran también otra de las suculentas charlas de Pablo Crespo que constan en el sumario. Con su mujer, Consuelo Margarita Vázquez, sólo dos días antes de la que mantuvo por el mismo tema con López Rubal. Esta vez, el protagonista ausente es Manuel Fraga, presidente de la Xunta y de los populares gallegos en la etapa del imputado como secretario de Organización del partido. A él, afirma Crespo, le remitió una copia con toda la información "en su día" para que supiera "que había tenido un secretario de Organización decente y ordenado". Por eso, porque da por hecho que si hay algo irregular Fraga también lo sabe, se queja de las opiniones que pueda hacer sobre la trama y sobre los detenidos en público y en privado. Una frase elocuente: "Entonces, bueno, para que vaya haciendo comentarios por ahí el viejo de que no se qué y que no sé cuánto... a ver lo que hace ahora, a ver qué comentario hace ahora".
De los 17.000 folios que integran la parte del voluminoso sumario sobre la que se acaba de levantar el secreto –y sólo es un tercio del total– y de las investigaciones policiales se desprende que, precisamente, Consuelo Margarita Vázquez hacía de correo para su marido en un intento por parte de Crespo y de Francisco Correa de seguir con la red desde la cárcel. La mujer se encargaba de transmitir los mensajes al resto de la organización cuando no lo podían hacer directamente. Ella era una pieza más de un puzle integrado por los abogados de los detenidos –que eligieron gracias a los contactos que tenían en órganos judiciales– y otros imputados, como José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente del grupo Repsol.
La primera orden interna fue que las versiones de los implicados en la trama no podían ser contradictorias. De eso se encargan los despachos de López Rubal y de Manuel Delgado Solís, que abrió un bufete con la ex ministra Ana Palacio, también en la lista de los 71 imputados. Hablan con todas las defensas para unificar "a nivel global" los argumentos que mostrar ante el juez. Pablo Crespo está intranquilo con las posibles desapariciones de alguno de los imputados. "Importa mucho que no haya fugas –avisa a otro de los abogados de contacto, José Antonio Choclán, en marzo–. Muchas veces, lo que perjudica una línea de defensa son las mismas". Todo tiene que estar controlado. Incluidas las comisiones rogatorias del magistrado encargado del caso, Antonio Pedreira, a los países relacionados con paraísos fiscales en los que se están buscando los envíos de dinero, desde Mónaco a Reino Unido, pasando por Estados Unidos y Panamá. ¿Cómo? Buscando otros despachos de abogados que "planteen pleitos para impedir la ejecución" de las comisiones.
El papel de Choclán ejemplifica claramente el interés de la red por los contactos en el mundillo judicial. Porque el abogado fue magistrado de la Audiencia nacional y allí tuvo ocasión de relacionarse con Concha Sabadell, una de las fiscales de instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El otro gran objetivo de la actividad desde prisión era el control de los fondos. Crespo dio instrucciones a López Rubal para que "ejecutara" el dinero de la organización en Suiza y con su mujer para mediar con un broker americano y con otros de los tres principales imputados, Álvaro Pérez, el Bigotes; Antoine Sánchez, primo de Correa, y Blanco Balín, "que sigue desempeñando un papel activo para la organización", para garantizar los ingresos de las familias de los propios Pablo Crespo y Francisco Correa.

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