Garzón advirtió del riesgo de que Aranalde se diera a la fuga

En esa resolución, Garzón estimaba el recurso que la Fiscalía interpuso contra la decisión de otro magistrado del mismo tribunal, Eloy Velasco, de dejar en libertad a Aranalde bajo fianza de 12.000 euros al considerar que iba a ser previsiblemente absuelta en la causa por la que Francia concedió su extradición hace una semana, ya que un etarra acusado de los mismos hechos había sido exculpado.

Para Garzón, sin embargo, "el hecho de que exista una sentencia absolutoria" en el caso de Iker Olabarrieta, acusado como Aranalde de un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" de ETA, "no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte".

"En todo caso, en este momento procesal, el juez debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la Justicia, riesgo que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional de la misma", añadía.

Según el juez, "no debe olvidarse al respecto que Aranalde huyó de España, que ha sido detenida y entregada por las autoridades francesas y que pertenece a la organización terrorista ETA y, por ende, con posibilidad más que probable de que, en cualquier momento, de estar en libertad, pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente".

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han informado hoy de que el auto de prisión fue notificado por Garzón a las 13.00 horas de ayer y de que las Fuerzas de Seguridad intentaron durante toda la tarde y la noche localizar a Aranalde, pero que ésta ya se había dado a la fuga.

Comunicada esta circunstancia al magistrado, Garzón ha dictado esta mañana, sobre las 11.00 horas, una orden de busca y captura contra la etarra, que llegó a España extraditada por Francia el pasado martes y que, tras comparecer al día siguiente ante el juez Eloy Velasco, salió en libertad el jueves 27 después de abonar la fianza de 12.000 euros que le fue impuesta.

Para Velasco, el hecho de que Olabarrieta hubiera sido absuelto por la propia Audiencia Nacional en una sentencia notificada el 23 de abril de 2007 impedía dictar la prisión provisional solicitada por la Fiscalía, ya que en su opinión lo más probable es que Aranalde, acusada de los mismos hechos, también fuera declarada inocente.

A esta circunstancia se sumó el hecho de que las autoridades francesas, según informaron fuentes fiscales, habían "extraviado" la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada por la Audiencia Nacional contra Aranalde por otra causa relativa a su presunta participación en la colocación de varios bombas en gasolineras de Madrid durante el puente de la Constitución de 2004.

La pérdida de esos documentos impidió dictar la prisión contra Aranalde por esa causa a su llegada de Francia -ya que es preciso contar con la autorización de la Justicia gala- y obligó a la Audiencia a tramitar de nuevo la euro-orden.