OTR PRESS - MADRID
La ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró ayer que las comunidades autónomas tendrán que devolver 6.000 millones de euros al Estado como consecuencia de las liquidaciones negativas de los anticipos a cuenta de 2008, por la caída de ingresos registrada en ese periodo.
No obstante, Salgado calificó de “imposible” el hecho de dar cifras concretas, aunque aseguró ver “correctas” las avanzadas por los gobiernos autonómicos.
“Evidentemente, las comunidades van a tener menos recursos que en 2007”, admitió la ministra durante su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. Asimismo, señaló que por este motivo, el Gobierno ha incluido de “manera urgente” una dotación adicional de 11.000 millones de euros en la revisión del modelo para compensar esta caída al tiempo que establece una moratoria para el pago a partir de 2010 y repartida en cuatro años.
En cualquier caso, la vicepresidenta destacó que con el nuevo modelo “hay muchos más recursos” que con el anterior y que se garantiza la coresponsabilidad fiscal. “Todas las comunidades autónomas están perfectamente convencidas de que es un avance en su autogobierno”, declaró. Salgado aprovechó para replicar al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, artífice del modelo de financiación de 2001 como ministro de Hacienda, que la preparación del modelo de financiación de entonces “fue mucho menos transparente” que la del nuevo. Además, defendió que el Ejecutivo central ha dado “repetidas muestras” de lealtad hacia los gobiernos autonómicos. “No hay ninguna intención aviesa”, aseguró.
Tras estas palabras de la ministra, Montoro insistió en sus críticas a la gestión del Gobierno y aseguró que el modelo anterior permitía a cada comunidad calcular “sus consecuencias”, algo que hace “imposible” la “opacidad y falta de transparencia del nuevo sistema”.
“Galicia pierde posiciones” con el nuevo modelo, según el BNG
El nuevo modelo de financiación autonómica recibió ayer en el Congreso el apoyo de ERC e ICV, quienes defendieron el avance que supone para las comunidades autónomas y aseguraron que garantiza los mismos servicios para todos los ciudadanos. Sin embargo, el BNG manifestó “discrepancias profundas” con el modelo acordado y acusó al Ejecutivo de “falta de transparencia”.
A juicio del portavoz del BNG, Francisco Xesús Jorquera, aunque la negociación debía producirse en primera instancia entre el Gobierno y las comunidades, eso “no justifica el papel secundario” concedido al Congreso. “No puede tener los planteamientos claros quien no tiene los proyectos definidos”, apuntó Jorquera antes de señalar que se trata de un “sudoku excesivamente complejo” en el que Galicia “seguirá perdiendo posiciones”.
El acuerdo alcanzado fue defendido ampliamente por el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Francisco Fernández Marugán, quien subrayó que se trata de un “buen sistema” porque aumenta la autonomía financiera de las comunidades y su responsabilidad fiscal. “Sitúa a las comunidades en la mayoría de edad fiscal”, enfatizó al recordar que las concede más autonomía y mayor poder tributario.
CiU criticó la reforma y alertó de que representa un “incumplimiento flagrante” del Estatut de Cataluña. Estas críticas fueron rechazadas por ICV y ERC, quien defendieron los beneficios que supondrá el nuevo sistema.