EFE - MADRID
Los sindicatos de Policía SUP y CEP exigieron ayer al Gobierno que investigue el trato a los cinco detenidos en la "operación Espada", en la que se investiga un presunto caso de corrupción relacionado con el velódromo Palma Arena, de Palma de Mallorca, por haberles trasladado esposados ante el juez.
El SUP y la CEP emitieron sendos comunicados para denunciar una "humillación innecesaria" a estos detenidos por haber sido expuestos esposados ante los medios de comunicación, y la vulneración de sus derechos al honor, la intimidad o la presunción de inocencia.
"Han sido expuestos como animales de un zoológico", lamenta el SUP al reclamar que se depuren responsabilidades por la forma en que se hizo el traslado de estos cinco detenidos, entre los que destacan el portavoz del PP en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafael Durán, y el ex regatista olímpico Pepote Ballester.
Para el SUP, el "responsable" de estas actuaciones, "más propias de un país tercermundista" no es sólo el Gobierno sino también "el juez, fiscal, responsable político o mando policial que dispuso el traslado de los detenidos".
El CEP por su parte apunta "a los rectores del operativo y a la cúpula de la Jefatura Superior de Baleares" como responsables de esa actuación que consideran "incumple de forma evidente" las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad para garantizar los derechos de los detenidos.
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