Los cinco imputados por el sobrecoste del "Palma Arena" quedan en libertad con cargos

OTR PRESS - PALMA DE MALLORCA El juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, decretó ayer la libertad bajo fianza para los 5 detenidos en el marco de la "Operación Espada", que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del recinto deportivo Palma Arena. Así, José Luis ´Pepote´ Ballester y Jorge Moisés deberán pagar una fianza de 50.000 euros, mientras que Miquel Romero abonó 25.000 euros y Rafael Durán y Miguel Angel Rodríguez 15.000 euros. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, señaló a su salida que tiene "la conciencia bien tranquila porque todo lo que hice fue desde la más absoluta legalidad".

El ex director general de deportes del Govern balear en la pasada legislatura y campeón olímpico el Atlanta 96, José Luis ´Pepote´ Ballester; el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero; el portavoz del PP en Palma, Rafael Durán; y el jefe de la UTE de las obras de la infraestructura, Miguel Angel Rodríguez, quedaron en libertad después de que el magistrado les impusiera sus respectivas fianzas.

El primero en abandonar las dependencias judiciales fue Romero, que agradeció a los medios de comunicación la espera. A continuación, Durán salió con aspecto sonriente, así como Moisés, que expresó su "sorpresa" por su detención ya que no encuentra "ninguna explicación, porque en el Palma Arena realizamos un importante trabajo interdisciplinar". Los últimos en abandonar los juzgados fueron Rodríguez y Pepote, que no quisieron hacer declaraciones a los periodistas que esperaron más de 20 horas la decisión judicial.

La puesta en libertad de los presuntos implicados se suma así a la del ingeniero industrial, Miquel Angel Verger, el arquitecto Ignacio Sáez, y el ex director general de Deportes de Mallorca, Antoni Palerm, que también quedaron el libertad con cargos tras prestar declaración.

El juez y los fiscales interrogaron a los implicados por su presunta relación con esta causa, que continúa en secreto sumarial, en el que se investiga desde agosto de 2008 la posible desviación para fines privados de los cerca de 50 millones de euros en los que se incrementó el presupuesto final del recinto deportivo, que en un principio se situaba en 47,7 millones de euros.