El juez que investiga la muerte de Marta del Castillo ha rechazado la nulidad de las escuchas a los imputados en la cárcel, aunque ha ordenado que se destruyan los soportes magnéticos, digitales y las transcripciones de la parte de las conversaciones que mantuvieron con sus abogados.
El juez de instrucción 4 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, reconoce que la interceptación de comunicaciones afectó al derecho fundamental de los acusados y a la confidencialidad de sus contactos con sus letrados, pero añade que tomó la medida "ponderando los valores y derechos afectados".
Así, frente al derecho constitucional de los acusados, "está también el derecho de la víctima, y por trasposición de su familia, a que su cuerpo sea encontrado y pueda recibir sepultura", dice el auto.
El juez razona que Miguel C.D., asesino confeso de Marta, "tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intencionalidad de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también lo estuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer".
Esta "falta de colaboración" hizo al juez autorizar el pasado 3 de marzo la interceptación de todas las conversaciones de los acusados en el locutorio de la cárcel, cuya nulidad han pedido los defensores por afectar a la confidencialidad de las relaciones profesionales del abogado.
El juez rechaza decretar tal nulidad y mantiene como válidas las conversaciones de los acusados por teléfono y en el locutorio con sus familiares, pero ordena la "destrucción física" de todos los soportes digitales o magnéticos, así como de las copias que pueda tener la Policía.
Dice el juez que el único objetivo de las escuchas era conocer "cualquier dato, revelación o desliz" que permitiera encontrar el cuerpo de Marta o al menos avanzar en las tareas de búsqueda, de las que recuerda que, en su última etapa en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se caracterizaron por la "penosidad y riesgo que asumieron todos los que en ella participaban".
El juez reprocha al autor confeso que ya desde la declaración en la que admitió "por propia iniciativa su participación en la muerte y violación" de la víctima, dejó "palmariamente constatada su intención de que no encontrásemos el cuerpo", para lo cual no dudó en "cambiar su versión sobre el destino" que había dado al cadáver.
"En tal tesitura, el Estado de Derecho debe agotar los medios a su alcance", dice el juez.
Además, a nivel de anécdota, el juez Francisco de Asís Molina concluye su auto recordando que la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) notificó por error a Miguel el auto que autorizó la interceptación de conversaciones, y el imputado "así se lo dijo a su abogado en la primera conversación que tuvieron, por lo que ambos sabían que estaban siendo observados en sus conversaciones".
