EFE/OTR/PRESS - MADRID
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño anunció ayer que ha ordenado a la Abogacía del Estado personarse en el “caso Gürtel” por entender que están en juego delitos fiscales y el Gobierno “tiene la obligación de defender y velar por los intereses de todos los españoles”. En este sentido, el titular de Justicia quiso aclarar que “la diferencia” entre este caso y otros es que están “en juego delitos contra la Hacienda Pública”.
“A partir de este momento hemos dicho a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para personarse en defensa de todos los españoles y, por tanto, del dinero de todos los españoles, en esta causa”, sentenció Caamaño, que añadió: “Ocurre que en estas fechas se ha producido un trámite que ha elevado la causa a la Segunda Sala del Tribunal Supremo, el cual todavía tiene que declarar su propia competencia para conocer del asunto y, por tanto, estamos pendientes de que tome definitivamente esa decisión para poder comparecer bien ante el TS o bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en función de la decisión que adopten en este punto los tribunales de justicia”.
“Pero habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad --la de delito-- y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno de España es personarse y defender los intereses de los españoles”. puntualizó.
Instrucción abierta
Caamaño quiso aclarar que el Ejecutivo “no ha cambiado de opinión” a raíz de los resultados de las elecciones europeas. “Hay una instrucción abierta por una serie de presuntos delitos y los poderes públicos han intervenido en este asunto como en los demás”, afirmó.
Al respecto, subrayó que el Gobierno “antes de tomar ninguna decisión, primero dejó que actuase el Ministerio Fiscal en su autonomía, mirase si existían indicios o no”.
Del mismo modo aclaró que “tan pronto como el Ministerio Fiscal y los jueces trasladaron “la idea de que podía haber algún tipo de ilícito relativo a delitos contra la Hacienda Pública” el Ejecutivo pidió “un informe a la Agencia Tributaria, y es la Agencia la que ha dicho que según la investigación que ella misma ha realizado de las cuentas públicas, de los ingresos tributarios, de los movimientos tributarios, creían que sí había delitos”.
Por su parte, el portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, aseguró ayer que el senador Luis Bárcenas, de quien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha visto indicios de delito fiscal como para enviar el caso al Supremo, tendría que “reflexionar”.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Pujalte fue preguntado por el caso de Luis Bárcenas y la conveniencia o no de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, le cese como tesorero a la vista de que la investigación ha llegado al Supremo.
“No sé si es Rajoy el que tiene que cesar a Bárcenas o es el propio Bárcenas el que tenía que meditar o pensar acerca de su continuidad como tesorero del partido”, comentó a continuación.
A su juicio, en una situación como la actual, “sería bueno” que Bárcenas, independientemente de su acta de senador, “pensara si es bueno su continuidad” como tesorero. “Debe pensarlo él y no debe pasar ese asunto a una instancia superior del partido. Debería ser su reflexión personal”, aseguró.