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EFE El fiscal y el PP han reclamado hoy al Tribunal Supremo (TS) que anule la sentencia que absolvió a los ex dirigentes socialistas Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana y a los otros cuatro acusados en el "caso SEAT", pieza separada del "caso AVE", relacionado con la supuesta financiación irregular del PSOE.
El fiscal ha afirmado que la Audiencia "se equivoca" y ha pedido al Alto Tribunal que condene a los acusados, al igual que lo ha hecho la letrada del PP, para quien "existen contradicciones" en la sentencia de la Audiencia madrileña.
Por su parte, Aida Álvarez también ha recurrido la sentencia, ya que, según ha explicado su abogado, "aunque le es favorable, le es desfavorable desde el punto de vista social y de consideración pública".
Por su parte, los letrados de los otros acusados han pedido al Supremo que confirme la absolución de sus patrocinados, mientras que el de Mangana subsidiariamente ha reclamado que se aplique a su cliente la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
La Audiencia madrileña absolvió a todos los acusados de los delitos que les imputaba el fiscal y la acusación popular que ejercía el PP por la supuesta venta fraudulenta de unas parcelas de SEAT.
Además de Álvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE, y Mangana, ex miembro del Comité Electoral de dicha formación, estaban acusados el ex director general de SEAT Juan Antonio Díaz Álvarez, el técnico municipal Arturo García Barbeira, el arquitecto jefe del Departamento de Obras de la Junta Municipal de Chamartín (Madrid) Ignacio Aguirre de Palacio, y la ex esposa del que fuera embajador de Alemania Guido Brunner, Elena Abreu.
El tribunal absolvió a Díaz Álvarez y a Aguirre Palacio porque, finalmente, las acusaciones no pidieron su condena.
También absolvió del delito de cohecho a García Barbeira, Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana al haber prescrito ya sus supuestas responsabilidades, pues desde que se produjeron los hechos en el año 1988 hasta que fueron denunciados en el año 1993 transcurrieron más de tres años.
No obstante, la sentencia reconoció que Álvarez y Mangana favorecieron el delito de cohecho cometido por Barbeira, ya que mediaron por cuenta de los directivos de SEAT ante el técnico responsable de informar las licencias de obra, además de instrumentar a través de ellos el pago de la remuneración, prestando cuentas invisibles para realizar los trasvases monetarios.
García Barbeira también fue absuelto de los cargos que le imputaba el PP, al igual que la acusada Elena Abreu Apellániz.
El origen de este caso se remonta al año 1993, cuando se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253 euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los terrenos de esta compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.
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