Provea aseguró en un comunicado que Landazabal Echevarria reside en Venezuela desde hace trece años y que fue detenido el pasado martes en el interior del país, algo que aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades venezolanas.
El Partido Popular (PP) español afirmó el pasado fin de semana que el ministro del Interior de ese país, Alfredo Pérez Rubalcaba, le había confirmado la detención de este individuo, buscado por su presunta participación en un atentado frustrado en 1981.
"Las informaciones de última hora indican que se procedería a su deportación sin cumplir las normas que sobre deportación de extranjeros prevén la Ley de Extranjería e Inmigración venezolana y el Tratado de Extradición vigente entre España y Venezuela", alertó Provea, que instó a la Defensoría del Pueblo a impedir "una nueva deportación contraria a la ley y la Constitución".
Provea pidió demandó al Estado de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber deportado a España en 2002 a otros presuntos miembros de ETA, identificados como Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola, que hasta entonces eran residentes legales en Venezuela.
Esta demanda, añade el comunicado de Provea, "terminó con un acuerdo amistoso" donde Venezuela "reconoció que había procedido a realizar una deportación ilegal violatoria de los derechos humanos", pero sostiene que posteriormente "incumplió el acuerdo y se negó a pagar las indemnizaciones" respectivas.
"Venezuela y España tienen vigente un Tratado de Extradición que obliga al Gobierno español a presentar pruebas fehacientes ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y debe agotarse todo el procedimiento de extradición", asegura la ONG.
