El fiscal Fernando Burgos aseguró ayer que los tres mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 muertos en el accidente de avión del Yak-42 cometieron una “invención” en las identificaciones para repatriar a España los cadáveres “con mucha prisa”, decisión que se tomó “desde el primer momento”.

Así lo consideró ayer el fiscal en la exposición de su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.

Recordó que la lista elaborada por Navarro era un documento “con 62 números y 32 nombres unidos a los respectivos números y 30 vacíos porque no se han podido identificar. Los que estaban vacíos fueron rellenados con nombres y apellidos por el acusado”.

El representante del Ministerio Público acusó a los tres militares de mentir y señaló que hubo una redacción “cínica” de las necropsias de los militares fallecidos en el accidente del avión ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

“La decisión estaba tomada desde el primer momento”, recalcó el fiscal, quien señaló que hay una cantidad de indicios que le llevan a esta convicción como el hecho de que el equipo español que se trasladó a Turquía contara con un biólogo y un odontólogo que no utilizaron, que no se tomaran muestras de ADN, que no se elaborara programa alguno de trabajo o que los tres acusados abandonaran el hotel tras pernoctar la primera noche.

Además, se organizó un acto fúnebre al día siguiente de realizarse la repatriación, “cuando no existía ni la más remota posibilidad de identificación de los cadáveres”, recalcó a continuación el fiscal.

“Todos estos indicios revelan que los cadáveres tenían que salir inmediatamente, con mucha prisa, por la celebración quizá de un acto o no”, recalcó.

Burgos acusó a los militares de mentir y de inventar, ya que dijo que “Estuvieron allí concentrados en lo que estaban haciendo” y “estaban en pleno ejercicio de sus facultades mentales”, indicó. Su finalidad era cumplir los fines del servicio público que les habían encomendado, lo que hicieron “faltando a la verdad”, según Burgos, quien dijo que si los cadáveres no se hubieran identificado falsamente no se hubieran podido incinerar.

Por su parte, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 pidió ayer al tribunal que siga investigando hasta conocer “quién dio la orden de repatriar los cuerpos” de las víctimas al principal acusado, el general Vicente Navarro.

El abogado Leopoldo Gay, que realizó esta petición en su informe de conclusiones, explicó durante la octava sesión del juicio que la asociación “se plantea pedir deducciones de testimonio” por la existencia de “hechos que podrían derivar en una instrucción penal”. El abogado, que no concretó contra qué testigos se dirigiría la deducción de testimonio, destacó que durante el juicio podrían haberse producido conductas constitutivas de un delito de falsedad documental.

Asimismo, El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas, pidió ayer al tribunal que investigue a los “autores intelectuales” de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según indicó, obtuvieron “un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado”.