Así lo expone el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza en el informe que ha enviado hoy al juez Baltasar Garzón, a cuyo juzgado fue remitida la querella interpuesta hace un mes contra Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
"Sin perjuicio de considerar que las decisiones ejecutivas adoptadas pueden ser constitutivas conforme a nuestro derecho penal de delitos contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado (...) la propia redacción de la querella, la amplitud de su objeto y el hecho de que esté dirigida exclusivamente contra quienes elaboraron informes jurídicos" dificultan su admisión a trámite.
A juicio de Zaragoza, es necesaria la delimitación de hechos concretos "pues en otro caso nos encontraríamos ante una especie de causa general dirigida a investigar toda la política desarrollada -por muy reprobable que ésta sea- por la anterior Administración de EEUU durante su mandato, absolutamente incompatible con los límites, exigencias y fines de proceso penal en un Estado de Derecho".
Por ello, anuncia que, "a los efectos de establecer criterios jurídicos claros" que delimiten "las condiciones mínimamente exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal", elevará "consulta a la Fiscalía General del Estado, al objeto de fijar la posición que debe adoptar la Fiscalía" en estos casos.
En este sentido, el Gobierno, a raíz de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiera a trámite una querella contra militares israelíes por un ataque en Gaza (Palestina), anunció en enero que estudia ajustes procesales en la aplicación del principio de jurisdicción universal.
En su informe, Zaragoza cree también que los querellantes, letrados que representan a la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España, no pueden acusar a los responsables jurídicos de la creación de Guantánamo de un delito de torturas y cuestiona que no hayan promovido la acción penal ante la jurisdicción preferente, que sería la de Estados Unidos y no la española.
Además, a su juicio, esta querella tampoco sería competencia del juez Garzón sino de su compañero Ismael Moreno, que tiene abierta una causa en la que investiga los llamados vuelos de la CIA con presuntos terroristas a bordo para ser trasladados a centros de detención como Guantánamo (Cuba).
Por ello reclama al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco que la envíe de nuevo a Decanato, instancia que dirige el juez Santiago Pedraz y a la que el fiscal acusa de vulnerar las normas de reparto por haber remitido esta querella a Garzón, para que sea Ismael Moreno el acuerde su inadmisión a trámite.
La querella recayó en Garzón al estimar Decanato que él era competente para investigarla, ya que tiene una causa en la que figuran los ciudadanos españoles o residentes en España Lahcen Ikassrien, Hamed Abderrahman Ahmed, Jamiel Abdul Latif al Banna "Abu Anas", Omar Deghayes y Reswad Absulsam, que llegaron a estar presos en Guantánamo.
Sin embargo, para Zaragoza "los hechos relatados en la querella son radicalmente distintos" y además Garzón retiró el año pasado la petición de extradición de Al Banna y de Deghayes después de recibir varios informes médicos que señalaban que, tras haber sido liberados de Guantánamo, no están en condiciones físicas y mentales para afrontar un juicio.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya adelantó ayer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondría a la admisión a trámite de esta querella por considerarla "fraudulenta".
De hecho, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tras conocer la intención de la Fiscalía española, dijo que en el caso de Guantánamo hay que mirar "hacia adelante y no hacia atrás".
