La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció ayer que las comunidades autónomas recibirán un 20% del fondo acordado por el Gobierno para financiar la ley de Dependencia en función del número de personas evaluadas a fecha del pasado 1 de abril. Galicia recibirá este año 23.269.981 euros de los 283,1 millones que se repartirán las distintas autonomías, lo que supone un incremento del 17,5% respecto al 2008, ocupando de este modo el quinto lugar en cuanto a dinero a recibir, tras Andalucía (55,9), Cataluña (47,5), Madrid (29,7) y la Comunidad Valenciana (23,2).
En la distribución del 80% restante se tiene en cuenta la población, el número de beneficiarios, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie de cada región, la insularidad o los emigrantes retornados.
Según explicó la ministra, con este incremento se pretende conseguir “más agilidad y más eficacia” en el desarrollo de la ley de Dependencia.
El consejo aprobó también la gestión del fondo adicional de 400 millones de euros para Dependencia del Plan de Estímulo Económico y de Empleo, por el que se prevé la puesta en marcha de 50.000 plazas de centros de día y residenciales para personas dependientes así como la creación de 35.000 nuevos empleos.
Las autonomías reciben este año financiación para la Dependencia a través del nivel mínimo en función del número de beneficiarios, el nivel acordado y el fondo extraordinario de 400 millones, cuya distribución se acordó ayer. Estas partidas suman 1.600 millones de euros.
Con el objeto de mejorar la eficiencia de las actuaciones y lograr un intercambio de experiencias, el ministerio propuso en la reunión la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para la aplicación de la ley.
Jiménez destacó el clima “cordial” y de “colaboración permanente”, salvo “pequeñas discrepancias” entre los consejeros, ninguno de los cuales votó en contra de los acuerdos.
Jiménez admite “dificultades” en el desarrollo de la Ley, que avanza “más lentamente” de lo que le gustaría, y subrayó el “compromiso de lealtad institucional” para agilizar la ley mostrada por las comunidades en la reunión.
En este sentido, señaló que se acordó una postura intermedia entre regiones como Andalucía, que pedían el reparto al 50% según la población y el número de personas evaluadas, y algunas del PP que querían mantener la distribución actual que otorga el total de los fondos según la población.
Antes del inicio de la reunión, la ministra subrayó la urgencia de llegar a un consenso entre todas las administraciones implicadas para dar respuesta “lo más ágil y lo más rápido posible” y atender al mayor número de personas dependientes.
Desde la puesta en marcha de la ley de Dependencia, unos 628.614 personas tienen derecho reconocido a recibir las prestaciones contempladas, de las cuales 430.669 son grandes dependientes y el resto dependientes, los dos grados amparados por la ley.
