En la sentencia por este caso, la Audiencia de Barcelona condena, en cambio, a los otros dos acusados: el ex secretario general de la consellería de Trabajo con Farreres, Josep Maria Servitge, a cuatro años y medio de cárcel; y al empresario militante de Unió Democrática (UDC) Víctor Manuel Lorenzo Acuña, a dos años y tres meses, por considerar que fueron los que urdieron la trama.
Según la sentencia, Farreres, que fue conseller entre 1988 y 1999 de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol, desconocía de forma "no ya directa, sino ni siquiera indiciaria" la "injusticia y arbitrariedad" de las resoluciones que firmó para encargar los estudios.
Farreres, para quien el fiscal pedía cinco años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, defendió siempre su inocencia y durante el juicio por este caso se proclamó entre lágrimas víctima de una campaña de "erosión política".
El denominado "caso Trabajo", que se destapó a raíz del "caso Turismo" -por el que Acuña ya fue condenado- convulsionó la política catalana durante las postrimerías del "pujolismo" al investigar la Fiscalía una supuesta financiación irregular de Unió -partido del que eran militantes los tres acusados-, que sin embargo finalmente no se ha podido acreditar.
En la sentencia, la sección décima de la Audiencia considera probado que Servitge y Acuña se pusieron de acuerdo para "distraer fondos" del departamento de Trabajo mediante la concesión de subvenciones y la contratación de informes a través de dos empresas, Gestumer y Socesa, controladas por Acuña.
Según el fallo, el dinero "desviado" por el pago de estos informes los destinó Acuña en "beneficio propio y/o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada".
La sentencia considera probado que los ocho informes sobre derecho laboral contratados, por los que se pagaron 7,6 millones de las antiguas pesetas, no respondían a una "necesidad real" del departamento, por lo que se trató de una actuación "totalmente ajena al interés público".
De los ocho estudios, la sentencia considera probado que ninguno de ellos tuvo "utilidad alguna", que cuatro carecían de contenido real y que lo otros cuatro eran "meras copias de publicaciones de años anteriores existentes en el mercado y en las bibliotecas jurídicas".
Sin embargo, el tribunal subraya que no ha podido alcanzar la "plena convicción" de la participación de Farreres en esta trama, ya que no se ha podido acreditar que el ex conseller "participara o tuviera conocimiento" de este plan, que fue "ideado" por Acuña, que contó con la "colaboración imprescindible" de Servitge.
La sentencia subraya que todas las resoluciones para encargar los estudios fueron "dictadas y firmadas" por Farreres, "como no podía ser de otro modo por ser de la competencia del conseller", pero recuerda que el delito de prevaricación es doloso y por lo tanto "no puede ser cometido de otro modo que con clara intención de la arbitrariedad e injusticia de la resolución por parte de quien la dicta", lo que considera que no ocurrió en este caso.
Además, también remarca que no se ha podido probar que Farreres "tuviera intervención directa, ni tenía la obligación de tenerla, en ninguno de los expedientes", por lo que "la sola intervención" del ex conseller fue firmar las resoluciones, siempre a propuesta de Servitge, ante el que nunca se negó a firmar nada.
El fallo recoge asimismo que Farreres no leyó los informes, a excepción de uno sobre la mujer y la salud laboral, ya que él no era quien tenía que controlar "la bondad de la contratación" de los estudios.
Por todo ello, la Audiencia de Barcelona absuelve a Farreres y condena a cuatro años y medio a Servitge, por un delito continuado de prevaricación y malversación, y a dos años y tres meses de cárcel a Acuña, por un delito continuado de prevaricación y de malversación.
