El pasado 17 de diciembre se cumplió un año desde que acabaron formalmente los mandatos de cuatro de los doce magistrados del Alto Tribunal, entre ellos el de su presidenta, María Emilia Casas.
Los otros tres son los del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, todos ellos designados por el Senado, y a ellos se suma la necesidad de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento, el pasado 18 de mayo, del también magistrado Roberto García Calvo, lo que corresponde al Congreso.
El presidente del Senado, Javier Rojo, ya ha anunciado que no convocará la comisión de nombramientos de la cámara hasta que no haya un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias sobre los candidatos, puesto que se necesita mayoría cualificada del pleno -es decir, tres quintas partes de la Cámara- para su ratificación.
El propio Rojo preside dicha comisión, integrada además por los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Senado.
Es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) la que permite a los parlamentos autonómicos participar en el proceso de designación de magistrados proponiendo dos candidatos cada uno, un proceso que requirió la reforma del reglamento del Senado para adaptarse a la misma.
El pasado 31 de julio, Rojo emplazó a los parlamentos autonómicos a iniciar el proceso de renovación del TC tras la resolución de los recursos que el PP había presentado a la LOTC y a la reforma del reglamento del Senado y que habían paralizado el proceso.
Las comunidades tuvieron tres meses, hasta el 29 de septiembre, para enviar sus candidatos: un total de 23, entre los que figuran los dos únicos nombres propuestos por el PP, el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López y el ex presidente de este órgano y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando.
En el tiempo transcurrido desde esa propuesta, dos de los 23 candidatos han pasado a ocupar puestos que les impedirían formar parte del TC: Ángel Juanes, propuesto por el parlamento andaluz y nombrado el pasado 26 de marzo presidente de la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Campo, candidato de la cámara extremeña y nuevo secretario de Estado de Justicia.
El PSOE sigue cuestionando a los dos candidatos propuestos por el PP ya que considera que la coincidencia en su designación por distintos parlamentos rompe "el espíritu de la ley".
Además, critica la elección de dos candidatos que, durante su etapa en el Consejo General del Poder Judicial, se pronunciaron abiertamente en contra de la práctica totalidad de las leyes elaboradas por el Gobierno.
El hecho es que, aunque la renovación del TC fue pactada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa en julio del pasado año, los dos partidos admiten que la negociación está bloqueada y que seguirá así por mucho tiempo.
