El Poder Judicial salva al juez del "caso Mari Luz" de la suspensión de funciones

El Gobierno reformará el régimen disciplinario de los magistrados

 
Gabriela Bravo, a la derecha, ayer en Madrid
Gabriela Bravo, a la derecha, ayer en Madrid J. J. Guillén

EFE/EUROPA PRESS / MADRID/HUELVA Los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impusieron ayer su mayoría y confirmaron la multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado hace tres meses por el anterior Consejo por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés. Esta decisión fue criticada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien anunció que el Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces para que "no vuelvan a repetirse" casos como este.
Catorce de los veintiún vocales que integran el Poder Judicial se han mostrado a favor de no suspender al juez de sus funciones, como pedía el fiscal, por retrasos en ordenar la ejecución de la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle.
El pleno del CGPJ considera que la conducta de Tirado constituye una falta grave y no muy grave como la calificó el fiscal y como la consideran seis vocales que se han mostrado a favor de imponer una sanción más grave al magistrado de Sevilla.
Según explicó en rueda de prensa la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, estos seis vocales, además de ella misma, son José Manuel Gómez Benítez, Almudena Lastra, Félix Azón (todos ellos nombrados a propuesta del PSOE), Ramón Camp (CiU) y Margarita Uria (PNV), quienes formularán un voto particular, mientras que la vocal Concepción Espejel (PP) también lo hará al considerar, por el contrario, que el juez no cometió infracción alguna.
Así, votaron a favor de confirmar la multa, además del presidente, Carlos Dívar, ocho vocales del PP (todos menos Espejel: Gemma Gallego, Fernando de Rosa, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández y Antonio Monserrat) y cinco de los nueve nombrados a propuesta del PSOE (Margarita Robles, Miguel Carmona, Carles Cruz Moratones, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela).
Según Bravo, el pleno concluyó que la conducta de Tirado es un retraso injustificado consecuencia de una desatención leve y que, al tratarse de un retraso en una sola ejecutoria -la de Santiago del Valle-, no puede ser considerada muy grave.
La portavoz negó que se trate de una decisión corporativa de los magistrados sino que está sujeta a derecho y basada en el principio de legalidad, así como que hubiera habido una fractura en el seno del órgano de gobierno porque, afirmó, "no ha habido bloques". No obstante, posteriormente reconoció que se ha impuesto una "amplia mayoría judicial", aunque explicó que se ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo al respecto.
Los vocales que se han mostrado en contra de la decisión mayoritaria, a excepción de Azón, opinaban que debía ser sancionado con una suspensión que llevara aparejado el traslado forzoso.
Sobre la cuantía de la multa a imponer a Tirado aunque varios vocales solicitaron que fuera aumentada al máximo, esta postura no fue apoyada mayoritariamente.
Con esta decisión, el CGPJ ha desestimado los recursos que presentaron la Fiscalía -que pedía que fuera suspendido en sus funciones por tres años-y el propio Tirado -que solicitaba el archivo de su expediente-.
La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo, lo que también podrá hacer el propio juez.
Santiago del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por Tirado,a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando Mari Luz fue asesinada.

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