Según Otegi, que ha participado en la presentación del libro sobre la tortura "La red. El tormento en la España constitucional", en una mesa de negociación la izquierda abertzale "es muy fuerte" porque "lleva la demanda de la mayoría popular"; tiene "argumentos poderosos", posiciones "absolutamente democráticas y responsables"; y existe una "comunidad internacional que está en disposición de colaborar en un nuevo proceso de negociación si se diera".

Tras subrayar que en 30 años de Constitución se ha demostrado que "ha fracasado" el intento de terminar con la conciencia nacional del pueblo vasco y también el objetivo de "asimilar" o "destruir" a la izquierda independentista, ha asegurado que estos son precisamente "dos activos" para conseguir el objetivo.

El tercero, "el más fundamental", ha indicado que es el hecho de que "hoy todo el mundo quiere cambiar el estatus político actual" y "una mayoría" quiere que Euskal Herria pueda "ejercitar su derecho de autodeterminación".

"Desde ahí es posible un futuro diferente", según Otegi, para quien juega igualmente a favor de sus tesis el hecho de que "en Europa es posible construir un Estado si se articulan mayorías".

Por ello, a pesar de que "la situación es extremadamente delicada y dura porque todos estamos en libertad provisional y vigilada", ha afirmado, la "tarea prioritaria" que ha marcado ha sido la de "una apuesta clara por disputar la hegemonía" al PNV en Euskadi y a UPN en Navarra mediante la conformación de "un bloque popular de izquierdas".

"La izquierda abertzale no pude perder más tiempo intentado permanentemente que otras fuerzas políticas sean lo que no son o lo que no quieren ser" cuando, a su juicio, el reto se puede abordar "mentalizando a los sectores populares de este país" de que "pueden junto a otras fuerzas sociales y sindicales".

Por ello, Arnaldo Otegi ha insistido en que es necesario "habilitar un frente" para tener "presión popular suficiente" y ésta deber servir además para reclamar al Estado "la libertad de nuestros presos", porque es "un deber moral y ético sacarlos a la calle", aunque ha reconocido que esto "sólo se puede dar en el marco de un acuerdo".