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Garzón se enfrenta a una falta leve por la excarcelación de dos narcos

Será la Audiencia Nacional quien decida si el juez es expedientado por el error judicial

 14:02  

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy trasladar a la Audiencia Nacional la decisión sobre si el juez de este órgano Baltasar Garzón debe ser sancionado por incurrir en "incumplimiento injustificado" de los plazos para dictar resoluciones en relación con la puesta en libertad, el pasado mes de julio, de dos presuntos narcotraficantes turcos. La propuesta del inspector del CGPJ deberá ser valorada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Desde la Audiencia Nacional se explicó que la excarcelación de los dos imputados vino obligada al apercibirse el Juzgado Central de Instrucción número 5 de que, por error de unos pocos días, había caducado el plazo para prorrogar sus prisiones preventivas durante dos años más. La detención del grupo de traficantes se produjo en dos días diferentes (10 y 18 de julio), si bien bien en la 'carpetilla' donde se archivaron las diligencias sólo se hizo constar la segunda fecha.

El expediente contra Garzón fue incoado a principios del pasado mes de octubre a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado tras conocerse por la prensa la puesta en libertad de los presuntos 'narcos' Sahin Eren y Erden Vardar.

Ahora, la Sala de Gobierno de Audiencia Nacional deberá decidir si abre expediente a Garzón por una falta leve, que puede concluir con una multa o una amonestación al magistrado.

En el informe realizado sobre este asunto por el Servicio de Inspección del CGPJ se advierte de la exigencia al juez "de una especial diligencia en el control de los plazos de los sometidos a estas medidas cautelares que, si se infringe, debe conllevar una respuesta disciplinaria".

La Inspección entiende en su informe de la exigencia al juez "de una especial diligencia en el control de los plazos de los sometidos a estas medidas cautelares que, si se infringe, debe conllevar una respuesta disciplinaria".

Entiende que, pese a que el error lo pudo cometer el funcionario que abrió la citada 'carpetilla', el magistrado debe realizar "un examen periódico de la causa y, sobre todo, de las piezas de situación personal para poder efectuar el control necesario de una medida tan restrictiva como es la de prisión".

"Si realmente esa forma de actuar hubiese sido la que se hubiese llevado a cabo en este caso, no se habría mantenido el error inicial en la consignación de las fechas de detención de los imputados", concluye la Inspección.

No obstante, se pide tener en cuenta que el fiscal, "encargado, por imperativo legal, de velar por la aplicación del principio de legalidad", tampoco detectara el error, así como el hecho de que no haya existido perjuicio alguno al no haber tratado de evadirse ninguno de los imputados, que cumplen con sus comparecencias periódicas de control en la Audiencia Nacional.

Valoración de Garzón

En el expediente que valoró hoy el CGPJ consta la explicación de lo sucedido por parte de Garzón quien, tras informar de las circunstancias del caso, advierte que la denuncia de Manos Limpias se basa en una información periodística a la que reprocha "falta de datos relevantes". No obstante, el magistrado asume que, en cuanto a titular del Juzgado, él es el único responsable de la situación de los presos preventivos.

Igualmente, Garzón añade que desde la Fiscalía "en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo", al contrario de lo que sostiene en la denuncia de Manos Limpias.

Añade que en las fechas en las que se produjo este error su Juzgado controlaba un total de 270 presos preventivos, todos "en plazo y debidamente controlados, mientras que Eren y Vardar comparecen diariamente en la Audiencia Nacional "sin incidencia ni perjuicio alguno para la causa, con independencia de que estén en prisión o en libertad".

Abstención de un vocal

El CGPJ ya informó en su día de que el vocal propuesto por el PSOE José Manuel Gómez Benítez, amigo personal de Garzón, había comunicado su intención de abstenerse en este asunto "por causas objetivas" después de haber tenido conocimiento de estos hechos "a través de los medios de comunicación". Además de Gómez Benítez integran la Comisión Disciplinaria su presidente, Pío Aguirre, elegido a propuesta del PP; Gemma Gallego, también designada a iniciativa de esta formación; Miguel Carmona, propuesto por el PSOE; y Margarita Uría, a petición del PNV.

La operación policial contra esta organización se realizó en tres fases. En la primera, llevada a cabo el 10 de julio de 2006 en Palos de la Frontera (Huelva), fueron detenidos Eren y Vardar; mientras que la segunda, desarrollada en Sevilla el día 18 de ese mes, finalizó con el encarcelamiento de otras ocho personas, entre las que se encontraba el presunto cabecilla de la red. Otras dos personas fueron arrestadas con posterioridad a estos hechos. El error se produjo porque el juzgado de Sevilla remitió su atestado policial a la Audiencia Nacional antes que el de Huelva. Así, en las carpetillas correspondientes a las piezas de situación individuales que los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 abrieron a cada uno de los detenidos se aplicó a todos la misma fecha de detención (el 18 de julio), incorrecta en el caso de los dos primeros. En los autos de prisión, no obstante, constaba la fecha correcta.

El 25 de junio pasado, poco antes de vencer el límite máximo de dos años de la prisión provisional, Garzón dio traslado a la Fiscalía Antidroga para que se pronunciara sobre este extremo. Dos días después, el Ministerio Público reclamó la celebración de una vistilla que se celebró 14 de julio. En ella, el fiscal reprodujo el error del juzgado y pidió la prórroga de la prisión provisional antes del día 18, al creer que la prescripción se produciría en esa fecha y no ocho días antes.

El error no fue advertido por los funcionarios del juzgado hasta el 16 de julio, día en el que Garzón tuvo que dictar un auto para poner en libertad a los dos ciudadanos turcos, a los que impuso como medidas cautelares comparecencias diarias en la Audiencia Nacional, la retirada de sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

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