La pasión y las ganas de actuar contra quienes son incapaces de condenar los crueles asesinatos de ETA no pueden sustituir a la ley a la hora de sacar a Acción NacionalistaVasca (ANV) de las alcaldías. Así lo advirtió ayer la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que aseguró que el Ejecutivo trabaja para impulsar la disolución de los ayuntamientos gobernados por la formación ilegalizada, pero también recordó que,en estos momentos,con la ley en la mano no es posible disolverlos todos de forma general. Pero desde el PP siguen reclamando al Gobierno que actúe ya contra todos los ayuntamientos en manos de los ANV ya que de lo contrario,advirtió la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal,“ no estaría cumpliendo”con su promesa de luchar contra la banda terrorista con todos los medios a su alcance.

Fue en respuesta a una pregunta de la diputada de UPyD, Rosa Díez,que pidió al Gobierno que aplique de forma inmediata la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los 42 ayuntamientos que gobierna ANV en el País Vasco y Navarra, cuando Salgado aseguró que tanto los servicios jurídicos del Estado como las fuerzas y cuerpos de seguridad están “vigilantes” y trabajan para reunir pruebas que permitan sacar a la formación ilegalizada de las alcaldías.Y es que, recordó la ministra,con la actual legislación no es posible disolver todos estos consistorios en bloque, como reclaman el PP y UPyD.

Salgado subrayó en su intervención que la jurisprudencia del Constitucional establece que “para la disolución han de acreditarse de forma probada actuaciones reiteradas y graves de apoyo al terrorismo”y, en este empeño la sentencia de ilegalización de esta formación tampoco“sirve de fundamento por sí sola” para lograr este objetivo. Igual que no sirve, recordó, para despojar de sus actas de concejales a los ediles de ANV.

En todo caso, la ministra aseguró que el objetivo del Gobierno no es otro que ANV no tenga “ni un solo alcalde”y para conseguirlo recordó que ya han puesto en marcha una reforma legal para sacar a la formación ilegalizada de las alcaldías.Una labor en la que pidió a“colaboración”de todas las fuerzas políticas, a las que aconsejó que actúen con “sentido de responsabilidad” y con“lealtad”.

“Para que la demoscopia no sustituya a la política, la discreción y la firmeza trabajen por el interés general y para que la pasión no se imponga a la razón del Estado de derecho le emplazo al consenso político y a convenir todas las actuaciones legales precisas en el marco constitucional”, afirmó dirigiéndose a Díez, que exigió que el Gobierno actúe ya contra ANV para poner fin así al “mapa de la indignidad”.

Pero las explicaciones del Gobierno de por qué no se puede actuar todavía contra los consistorios en manos de ANV tampoco convence al PP,que exige que el Ejecutivo“actúe tal y como establece la ley”e inste“de manera rápida y contundente”esa disolución.

Así lo demandó María Dolores de Cospedal que, en un acto en Madrid,recordó que la“primera obligación”del Gobierno socialista en estos momentos es disolver los ayuntamientos gobernados por ANV.