En sus alegaciones a la petición de ANV de que la ilegalización quede en suspenso, con lo que podría concurrir a las elecciones que se convocaran mientras se resuelve su recurso, los servicios jurídicos del Estado afirman que si se concede la suspensión y luego se confirma la ilegalización "el daño a los intereses generales (...) y a los derechos y libertades de terceros serían evidentes".
"La suspensión permitiría que el partido siguiera ejerciendo su labor de fomento de la violencia y apoyo y justificación política de un grupo terrorista que ha matado hasta ahora a casi novecientas personas y que sigue haciéndolo cada día y lográndolo en ocasiones, como acaba de suceder con el infortunado Ignacio Uría", señala el escrito.
La Abogacía del Estado añade que ello equivaldría "a que, provisionalmente, se diera a un partido colaborador de otro disuelto (Batasuna) y auxiliar de la banda terrorista ETA el derecho a seguir en su labor de destruir el orden constitucional y de atacar a todos y cada uno de los fundamentos del sistema político y la paz social".
Por el contrario, si no se concediera la suspensión y luego el Constitucional diera la razón a ANV y anulara su ilegalización, los servicios jurídicos del Estado creen que los efectos negativos para el partido serían muy pocos.
"Mientras no se celebren elecciones locales, los cargos electos en las listas del partido disuelto continúan en el ejercicio de sus funciones, pues a ellos no les alcanzan los pronunciamientos de la sentencia recurrida", dice el informe, que agrega que las próximas elecciones en las que podría participar ANV si se estima su recurso serían las autonómicas de 2009.
La Fiscalía se pronunció el pasado martes en el mismo sentido que la Abogacía del Estado, pidiendo al Constitucional que no suspenda la ilegalización de ANV.
