El Gobierno reformará la ley para expulsar a ANV de los ayuntamientos

"Impulsaremos cambios legales para impedir que una formación ilegalizada gobierne", anuncia De la Vega

06.12.2008 | 01:00
La viuda de Uria, en el centro, rodeada de sus hijos, a la salida del funeral.
La viuda de Uria, en el centro, rodeada de sus hijos, a la salida del funeral.

El Gobierno reformará la ley para echar a ANV de las alcadías. La vicrepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de anunciar que en su reunión de ayer el Consejo de Ministros tomó la determinación de impulsar "cambios legales" con el objetivo de "impedir que representantes de una formación ilegalizada puedan gobernar municipios". Una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para actuar contra quienes "amparan con su ominoso silencio" la violencia etarra y a quienes "el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego". Y precisamente de eso, de que ANV salga de las alcaldías, depende que se mantenga e incluso se mejore la armonía y la buena sintonía que reina entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista, según advirtió ayer la "número dos" del PP, María Dolores de Cospedal.
Después de ver cómo tras el asesinato de Ignacio Uria en Azpeitia ANV, que gobierna en este municipio guipuzcoano, se negaba una vez más a condenar la muerte de uno de sus conciudadanos a manos de la banda terrorista ETA, el Gobierno ha decidido tomar al fin cartas en el asunto. "Anuncio que el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos", afirmó de la Vega tras dar su pésame a la familia del empresario asesinado y subrayar que el Gobierno "redobla" su compromiso con la conclusión de las obras del tren de alta velocidad vasco tras el brutal atentado del pasado miércoles.
De la Vega hizo este anuncio durante su comparecenciatras el Consejo de Ministros en la que también quiso dejar claro que esta reforma ser realizará "como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias" y, evidentemente, respetando escrupulosamente el marco constitucional.
En todo caso, señaló que de forma más inmediata el Gobierno está estudiando las posibilidades de actuar contra ANV de acuerdo a la actual legislación, aunque reconoció que será muy dificil. La norma por que podría intentar rascar algo el Ejecutivo es el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local que, en su punto dos incluye como causas para la disolución de un ayuntamiento que éste de cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o justifiquen" el terrorismo y también en el caso de que "menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias".
Pero el Gobierno no confía mucho en el éxito de esta vía y la vicepresidenta ya advirtió que según la jurisprudencia del Constitucional, para su aplicación este artículo exige conductas "graves" y que se produzcan de manera "reiterada". "Creo que el objetivo y los instrumentos están claros", apostilló

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