Numerosas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas se producen después de que el agresor se salte la orden de alejamiento impuesta por la justicia. Por este motivo el Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta de los Ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, la implantación de dispositivos electrónicos de detección de proximidad de estos agresores estén o no condenados por ello. Sin embargo no es la única decisión tomada ayer por el Gobierno sobre la violencia de género, ya que también se han dado luz verde a ayudas para que las mujeres víctimas de esta lacra se inserten en la vida laboral. En este sentido, el Ejecutivo incentivará a las empresas que contraten a estas mujeres.

Siguiendo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que establece la posibilidad de utilizar instrumentos con tecnología para verificar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los maltratadores, el Ejecutivo aprobó ayer la implantación de pulseras con tecnología GPS a los hombres denunciados por maltrato y a los que el juez, con sentencia o de manera preventiva, haya decretado una orden de alejamiento de sus víctimas. De este modo, se pretende garantizar el control, seguimiento y plena efectividad de las medidas de alejamiento, así como mejorar sustancialmente la protección de las víctimas y la prevención de las agresiones por violencia de género

Esta implantación comenzará en 2009 y tendrá un presupuesto de cinco millones de euros dirigido a la administración de Justicia, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María teresa fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que reconoció que esta nueva medida intentará hacer más fácil la batalla contra este problema que "está siendo difícil". En este sentido, añadió que, "consciente de ello", el Ejecutivo "va a redoblar su compromiso, fundamentándose en la prevención, concienciación, cooperación y mejora de protección de las mujeres", subrayó De la Vega. Y para conseguir este objetivo de mejora, el Ejecutivo ha puesto en marcha también un programa específico de reinserción sociolaboral, a propuesta de los ministros de Trabajo e Igualdad.