Memoria Histórica

Garzón se inhibe en la causa del franquismo y la remite a los juzgados territoriales

El magistrado declara que los delitos de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la Humanidad continúan vigentes

19.11.2008 | 07:54
Imagen de una fosa común descubierta en Valladolid Imagen de una fosa común descubierta en Valladolid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón justifica su inhibición sobre la investigación de los desparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo en favor de los juzgados territoriales en que los principales responsables del golpe militar de 1936, que el magistrado califica como un delito contra los altos organismos de la Nación, han fallecido.

"Una vez constatada documentalmente la defunción de los principales responsables, procede, como propone el fiscal, la inhibición a cada uno de los jueces territorialmente competentes", alega el juez.

Garzón explica que, "obviamente, no está de acuerdo" en las expresiones que utiliza el Ministerio Público para rechazar su competencia para entender de estos hechos y matiza que la razón de su inhibición es que "ha dejado de estar vigente la conexión" entre aquellos delitos contra los altos organismos de la Nación, es decir, contra la II República, y los delitos de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad que, según el juez, siguen vigentes, por lo que pide que sigan siendo investigados en los juzgados territoriales competentes.

Así, ilustra esta vigencia delictiva detallando a lo largo de más de 30 páginas de su auto las sustracciones,desapariciones y cambios de identidad de los conocidos como "los niños del franquismo", muchos de los cuales, recuerda, siguen vivos a día de hoy.

Diferenciación

"No es los mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial tildando sus acciones como mera represión política", dice el juez, quien expresa que "las víctimas no se merecen una resolución que reconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación".

Así, indica que su intención no es "hacer una diferenciación entre víctimas", y dice que "cualquiera que haya sufrido la agresión contra su vida o su libertad o cualquier otro de sus derechos fundamentales, tiene derecho a ser resarcida", pero admite que "el proceso judicial iniciado tiene unos contornos muy precisos, que no excluyen otros pero, desde luego, cualquier reclamación no puede ni debe concentrarse en una sede porque entonces sí se trataría de una causa general".

"Esto es así a pesar de la gravedad de los hechos sin que exista posibilidad de aplicar las normas de competencia a favor de la Audiencia Nacional en virtud del principio de Justicia Penal Universal", precisa el juez, quien en su auto recuerda que ha sido él quien ha dado "los primeros pasos absolutamente urgentes y necesarios para posibilitar la acción de la Justicia" sobre los desparecidos de la guerra civil.

A partir de ahí, incluye en su auto una pauta de conducta para que los juzgados territoriales sobre los que ahora recae la causa lleven a cabo la investigación. Ese procedimiento propuesto por Garzón consiste en la "localización inmediata de la víctima", "el lugar en el que esa víctima se supone que puede estar", "la recuperación del cadáver en su caso" o "la constatación de la existencia del mismo".

Exhumaciones

Por último, el juez advierte a los jueces de instrucción territoriales de que "tal diligencia debe plasmarse en la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos sobre los lugares en los que se encuentren y por ende respecto de aquellos en los que se haya solicitado la exhumación de cadáveres". Además, recuerda que "cualquier dilación puede dar lugar a perjuicios irreparables al no adoptar medida alguna o suspenderse las adoptadas que impidan que desaparezcan las pruebas, específicamente las pruebas vivas (personas)".

Garzón comparte asimismo la recomendación formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que España derogue la Ley de Amnistía de 1977, según consta en el auto dictado ayer mediante el que se inhibe a favor de los juzgados terroritoriales.

Garzón califica de "importante" la decisión que el Comité de Derechos Humanos de Naciones aprobó el pasado 27 de octubre de 2008 y en la que recomendaba al Estado español la necesidad de "considerar la derogación de la Ley de Amnistía". El máximo organismo de la ONU también solicitó al Gobierno español que tomara "las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad".

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