Audiencia Nacional

Garzón abandona la causa contra el franquismo

18.11.2008 | 18:36
Garzón abandona la causa contra el franquismo
Garzón abandona la causa contra el franquismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no han prescrito.

El magistrado se ha inhibido en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó al declararse competente para investigar los hechos el pasado 16 de octubre al considerar extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, así como la de otros 44 altos cargos del régimen, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.

No obstante, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".

Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.

Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".

Garzón recuerda que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que cree que corresponde a los juzgados territoriales.

El juez se adelanta así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia de Garzón para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, precisamente, que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.

El magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos para "evitar solapamientos" con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.

Los veinte juzgados provinciales a los que se remite la causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza, a los que se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

En su resolución, Garzón advierte al Estado y a la Fiscalía de que "obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Lamenta de este modo la "palmaria contradicción" entre la postura sostenida tradicionalmente por la Fiscalía "y la defendida en este sumario", y cree que esa circunstancia "merecería una profunda y convincente explicación por quien es el garante de la legalidad".

Considera que el fiscal, que le acusó de crear una causa general contra el franquismo, opta "por la desprotección de las víctimas" al entender que si "para los presuntos responsables se ha tenido que 'formalizar' su defunción para poder declarar extinguida su responsabilidad", para las víctimas fallecidas "ni eso se puede hacer al no existir ni fecha, ni lugar de inhumación".

Garzón admite, no obstante, que "concentrar" esta investigación "en una sede" supondría crear una causa general, aunque reitera que la actitud de la Fiscalía va en contra de sus propios actos en casos como el de la desaparición del etarra Eduardo Moreno Bergareche, "Pertur", o el del ex militar argentino Adolfo Scilingo, al que acusó por los desaparecidos en la dictadura argentina.

"Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y toda la comunidad internacional", concluye.

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