El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, incluida la que supuestamente alberga los restos del poeta granadino Federico García Lorca, informaron fuentes jurídicas.
Los magistrados adoptaron esta decisión con carácter "cautelarísimo" durante un Pleno de la Sala que fue convocado, con carácter extraordinario, tras recibir ayer por la mañana un escrito de la Fiscalía instando la suspensión de los trabajos. Así, ordenan al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones" acordadas por su titular, Baltasar Garzón, y su sustituto, Santiago Pedraz, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
La resolución cuenta con el voto particular de cinco magistrados contrarios a la paralización de la apertura de fosas. No obstante, la Sala requiere a Garzón que paralice "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres" en tanto "no se resuelva la cuestión de incompetencia planteada por el ministerio fiscal" al objeto de apartar al magistrado de la investigación.
La Sala, que estuvo reunida durante más de dos horas, toma esta decisión "en estricto cumplimiento" del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), que establece que mientras no se resuelva el incidente de competencia deben practicarse exclusivamente "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia", entre las que no se encontrarían las exhumaciones.
Al Pleno acudieron un total de quince magistrados, es decir, todos sus miembros a excepción de los jueces Enrique López, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada.
Según las citadas fuentes, si al analizar la cuestión de fondo la Sala estableciera que Garzón no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, se acordaría la anulación de todas las diligencias ordenadas por su juzgado, entre las que se encuentran las exhumaciones autorizadas en fosas comunes de 25 lugares de España.
Entre estos lugares se encuentra el Valle de los Caídos, que alberga un columbario en el que, entre otros restos, reposan los de siete vecinos de Pajares de Adaja (Avila), cuya exhumación ha sido ya autorizada por Garzón, y la fosa de García Lorca, situada entre los municipios granadinos de Víznar y Alfácar.
La medida también afecta a las exhumaciones que se iban a realizar en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Aguilar de la Frontera (Córdoba), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristóbal (Navarra), La Serna (Madrid), el Cementerio General de Valencia, Villanueva de la Vera (Cáceres), Calviá y Porreres (Mallorca).
La orden de la Sala de lo Penal será remitida a los juzgados de los territorios en los que están situadas estas fosas, que en principio eran los que iban a encargarse de coordinar las labores de recuperación de los cuerpos.
El Pleno de la Sala de lo Penal inició el pasado día 23 de octubre las labores para estudiar si el juez Baltasar Garzón es competente para investigar estos hechos, aunque este trámite quedó paralizado de facto por la baja médica del juez, que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, lo que le incapacita para presentar el informe necesario para que la Sala tome una decisión.
