Efe/OTR/Press / Madrid / Barcelona

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció ayer que "es cierto, no hay dinero" para el nuevo sistema de financiación autonómica, y dijo que la obligación del Gobierno es cumplir con el Estatuto de Cataluña pero también con el resto de textos estatutarios, así como con la Constitución.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde explicó las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis económica, así como el estudio de las Balanzas Fiscales de las CC AA, Solbes destacó que la "situación es de una gran complejidad".

El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, acusó a Solbes de no tener "nada que poner encima de la mesa" al encontrarse "el Estado en déficit" y apeló a su responsabilidad, ya que no debe esperar a que el nuevo modelo se lo escriban desde la Universidad de Harvard.

A la afirmación de que sólo con el gobierno del PP se encontró la unidad en torno a la financiación, Solbes dijo que aquel sistema "llevaba en sí mismo la dinamita de su propia explosión".

Sobre las acusaciones vertidas por los portavoces de ICV y ERC, Joan Herrera y Joan Ridao, respectivamente, Solbes afirmó que no acepta que digan que el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones.

Nuevo modelo

Insistió en que el Ejecutivo ha hecho un "esfuerzo" por intentar llegar al 9 de agosto, la fecha que fija el Estatuto catalán para la puesta en marcha del nuevo modelo, y aseguró que el documento que han enviado a Cataluña es "absolutamente respetuoso con el Estatuto".

El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, dijp que no van "a ceder ni un milímetro" ante lo que está perfectamente legislado en el BOE, en referencia al Estatuto, ya que quieren que se cumplan "al cien por cien".

Tras advertir a Solbes que el Gobierno debe tener "muchísimo cuidado ante la solución que van a plantear", comentó que han "llegado al límite" ya que va a llegar el 9 de agosto y no va a estar resuelto el tema de la financiación, lo que calificó de "tomadura de pelo".

Herrera, pidió a Solbes que "cumplan" antes del día 9 la puesta en marcha del nuevo modelo financiación, ya que de no ser así pedirán al propio Rodríguez Zapatero, que explique en el Congreso porqué "ha decidido incumplir la ley".

Solbes reconoció que "hay elementos más potentes de bilateralidad en el Estatuto catalán, pero en todos los estatutos hay como mínimo un elemento de bilateralidad".

Ridao ha criticado la actitud "hiriente" de Solbes, por aplicar una multilateralidad basada "en hablar con consejeros económicos" ante lo que el diputado catalán ha amenazado con ejercer la "mejor bilateralidad, que es la decir no al nuevo modelo".

Tras recordar que el sistema de financiación no es aplicable a una comunidad que no lo acepte, Solbes se ha referido a la nivelación parcial y ha señalado que "diga lo que diga el Estatuto catalán" no se puede olvidar que la obligación del Estado es financiar las transferencias a las comunidades autónomas.

Respecto a las balanzas fiscales, ha comentado que "el sistema no está tan mal" ya que el informe elaborado demuestra que las comunidades que más aportan son las que tienen mayor nivel de riqueza, y viceversa.

Envite

"No habrá Presupuestos si no hay nueva financiación si para ello se tiene que contar con CiU". Este fue el envite que lanzó ayer al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, durante su encuentro de ayer en Moncloa. Además, Durán instó a los socialistas catalanes a ser coherentes con su postura actual y no apoyar los PGE si no hay acuerdo sobre la financiación. Un escenario que en Ferraz ni contemplan, según reconoció la secretaria de Organización, Leire Pajín. Con Zapatero también se reunió el portavoz de ERC, Joan Ridao, que también condiciona su apoyo a los PGE al acuerdo sobre financiación para Cataluña.

Tras dos horas de reunión, Duran compareció en rueda de prensa en Moncloa para dar cuenta de su encuentro con Zapatero en el que sobre todo hablaron de economía y concretamente del posible apoyo de CiU a los Presupuestos Generales del Estado. Para sacar adelante estas cuentas el Gobierno socialista necesita seis votos, que no llegarán de los once diputados de CiU si antes la formación nacionalista no tiene encima de la mesa un nuevo acuerdo de financiación.