El fiscal rebaja de tres a un año la petición de pena para Roca por pagar al juez De Urquía

El ministerio público mantiene la solicitud de tres años de prisión para el magistrado

La jugada parece que le ha salido bien al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca. Después de que ayer el presunto cerebro de la trama de corrupción en la localidad malagueña admitiera ante el tribunal que sobornó al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí Francisco Javier de Urquía a cambio de que le ayudase en un asunto judicial, ayer vio como el fiscal rebajó de tres a un año de cárcel su petición de pena. Por contra, la Fiscalía mantuvo la petición de tres años de cárcel para el juez Urquía y el empresario Arnaud Fabrice Albouhair por cohecho al entender que fueron ellos quienes pidieron "expresamente" dinero a Roca.
Durante la última sesión del juicio que se celebra en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que quedó visto para sentencia, el teniente fiscal superior de Andalucía, Guillermo Sena, expuso sus conclusiones en las que rebajó de tres a un año la petición de pena para Roca. El fiscal explica que fueron el juez y su amigo Fabrice quienes pidieron "expresamente" a Roca que ayudara a la compra de la casa que De Urquía quería adquirir.
De igual forma, Sena señaló que en el curso de la investigación y durante el transcurso de la vista oral quedó acreditado que Roca se comprometió a realizar un abono en metálico de 73.800 euros, según lo solicitado por los otros dos acusados. Así mantiene la petición de tres años de cárcel para Arnaud Fabrice Albouhair y el juez Urquía y tan solo pide un año de prisión para el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Además de los tres años de cárcel, pide además diecinueve años de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado para De Urquía, suspendido de forma provisional, por la posible comisión de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, por los que pide también una multa de 213.000 euros.
Para Fabrice mantiene la petición de otros tres años de cárcel por cohecho y una multa de 177.000 euros por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, y nueve de suspensión de empleo o cargo público.
Las defensas han pedido la libre absolución de los tres acusados, salvo la de Roca, que, aunque ha mostrado su conformidad con el delito de cohecho, ha pedido la absolución por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida.