Ya en su discurso de investidura, Zapatero prometió medidas inmediatas para afrontar esta situación que todavía definía como "menos favorable" por culpa de la crisis financiera internacional y el encarecimiento del petróleo y para la que, aseguraba entonces, España está "mejor preparada que nunca".
Cien días después, el presidente ha cambiado algo el lenguaje y reconoce las "serias dificultades" a las que se enfrenta el país, aunque sólo en una ocasión ha recurrido al término "crisis" y sigue empeñado en el optimismo: el futuro de España es "progreso, más derechos sociales, más fortaleza económica e igualdad".
Su vicepresidente segundo, Pedro Solbes, sí utiliza la palabra crisis para admitir que es posiblemente "la más compleja que nunca hemos vivido por la cantidad de elementos que hay encima de la mesa".
Desde la constitución del nuevo Ejecutivo se han sucedido los acuerdos del Consejo de Ministros relacionados con la economía, desde la prometida y polémica devolución de 400 euros y la promoción de rehabilitación de viviendas hasta los préstamos del ICO para las pymes, pasando por la congelación salarial de los altos cargos y la reducción de la oferta de empleo público.
Los efectos de estas medidas son todavía difíciles de calcular, y las grandes cifras de la economía han ido de mal en peor.
La inflación, en el 5 por ciento, es la más alta de los últimos trece años y puede que no se frene si el precio del petróleo, que se ha duplicado en un año, sigue en tasas tan elevadas.
Mientras, aumenta la morosidad y caen la compraventa de viviendas y de hipotecas constituidas, en un contexto en el que el índice hipotecario de referencia, el Euribor, marcó en junio su máximo mensual en el 5,36 por ciento.
El paro, además, ha seguido subiendo, incluso en junio, mes en el que no crecía desde hace doce años, y la tasa de desempleo vuelve a rozar los dos dígitos.
Mientras, las empresas ven como cada vez es más difícil el acceso al crédito, endurecido por una crisis financiera internacional que comenzó hace casi un año y no parece que vaya a concluir en el corto plazo.
Los ciudadanos reaccionan a la crisis ralentizando el consumo -buena prueba de ello son las matriculaciones, que han caído más del 20 por ciento en los tres últimos meses- y su confianza se encuentra también en cifras históricas, mínimas en este caso.
Y la ausencia de confianza, tanto de los consumidores como de los empresarios, no ayuda a recuperar la economía, según han insistido el propio Zapatero y el ministro de Economía, Pedro Solbes.
Todo esto sin olvidar al sector más afectado, la construcción, que prosigue una caída marcada por el parón del mercado inmobiliario y el aumento del paro.
La inmobiliaria Martinsa-Fadesa se ha convertido en la imagen del declive del sector, tras protagonizar la mayor suspensión de pagos de la historia al no poder afrontar el elevado endeudamiento que arrastra desde la fusión de estas dos compañías, agravado por la restricción del crédito del último año.
Ya antes de Martinsa-Fadesa, en la escena económica y política se ha abierto en estos meses un debate sobre si el Gobierno debe o no intervenir o acudir al amparo de las empresas en apuros o con riesgo de insolvencia.
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha sido muy claro al respecto: el Gobierno no debe intervenir, ni para ayudar a las empresas a pesar de los riesgos que hayan asumido, ni para amparar a las entidades financieras, a las que en cualquier caso considera lo suficientemente fuertes por el momento.
La economía ha acaparado los cien días del Gobierno de Zapatero no sólo desde el ámbito ejecutivo, también en el terreno del debate político, en el que el presidente y su optimismo ante el futuro se han quedado solos frente a todos los partidos de la oposición.
Partidos que, otrora socios del PSOE, se lo van a poner difícil al presidente en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Los próximos cien días se prevén más duros, y los datos, de nuevo, no ayudarán: en agosto se conocerá el crecimiento en el segundo trimestre, que según Solbes sólo será del 0,1 ó 0,2 por ciento. Un estancamiento en toda regla del que el Gobierno deberá intentar salir.
