El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer el inicio de diecinueve registros simultáneos en locales y viviendas de distintas localidades españolas, en una operación contra el blanqueo de dinero procedente de fondos depositados en productos bancarios de LGT Group en Liechtenstein, por un importe que puede exceder los 200 millones de euros. En la denominada Operación Jade-Limusina, y según fuentes cercanas a la investigación, podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía catalana y un banco privado de Madrid y Málaga. Al cierre de esta edición no había ningún detenido.
En total, podría haber implicadas unas sesenta personas, fundamentalmente empresarios y trabajadores en despachos de abogados, y el importe de lo defraudado puede alcanzar los 200 millones de euros. Los diecinueve registros se realizaron en Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza, en distintas agencias de inversión, asesorías fiscales y sedes de personas físicas y jurídicas.
Investigación
La Operación Jade-Limusina fue llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida por la Audiencia Nacional, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. En ella se investiga la comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales a través del envío de fondos a Liechtenstein, y en ella se incautó numerosa documentación relacionando la de forma definitiva al inversor con los productos bancarios opacos.
La investigación se inició en el mes de abril, después de que la Agencia Tributaria, tras recibir información de Alemania, enviara a la Fiscalía la información sobre ochenta depósitos bancarios en Liechtenstein correspondientes a 198 titulares españoles. Algunas fuentes también apuntan que no se desarticuló una trama única, sino que se investiga a operadores que no tienen por qué tener relación entre ellos aunque utilizaran el mismo método de fraude.
De momento, el juez no ordenó ninguna detención, aunque la investigación sigue abierta y podría producirse alguna. De todas formas, se puso de manifiesto la comercialización de productos bancarios a través de bancos privados y agencias de inversión, con la ayuda de distintas aseso-rías fiscales, con el fin de facilitar al inversor una estructura opaca que permitiera su ocultamiento ante la Hacienda Pública y evitar así consecuencias impositivas o patrimoniales.
Asimismo, se estableció la existencia de una cantidad de personas físicas y jurídicas que habrían dirigido a través de estas estructuras importantes cantidades de dinero hacia el Principado de Liechtenstein, gestionando estas inversiones a través de fundaciones administradas por mercantiles, ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del dinero con el inversor en cuestión. Luego el dinero, ya limpio, podía ser devuelto a los empresarios en España u otros países como Suiza.
