Un código secreto asignado a las mujeres que decidan abortar ´preservará su intimidad´

La iniciativa pretende evitar "el escarnio de una publicidad no deseada", según De la Vega

11.07.2008 | 18:52

El Gobierno aprobó hoy un Real Decreto que protegerá los datos personales de las mujeres que "decidan abortar en clínicas públicas o privadas". Se logrará asignando a cada una de ellas un código secreto, que se guardará en un fichero informático independiente de su historial clínico y que únicamente podrá ser revelado a través de orden judicial.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que el objetivo es evitar "el escarnio de una publicidad no deseada" sobre una decisión "privada y personal". Con esta norma mejorarán "los niveles de protección" de esas mujeres tanto en "centros públicos, como concertados o privados", aseguró la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

El Real Decreto que aprobó hoy el Gobierno permitirá ocultar la identidad de las mujeres que decidan abortar "bajo un código secreto" que solamente podrá ser desvelado en caso de existir orden judicial que lo exija. Las "clínicas públicas o privadas" deberán almacenar los datos "en ficheros aparte", separados de su historial clínico.

De la Vega aseguró que el principal objetivo de esta iniciativa es "preservar el derecho a la intimidad" de las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo. Esta norma prevé "mejorar los niveles de protección" de esas mujeres tanto en "centros públicos, como concertados o privados", según declaró la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La norma servirá, además, para homologar los criterios de calidad en la práctica del aborto en todas las Comunidades Autónomas, sobre todo en los servicios prestados en los centros concertados para las revisiones ginecológicas previas y posteriores a la intervención, control del paciente, seguimiento de las incidencias y pruebas ecográficas, apuntó Aído. Para defender este Real Decreto, la titular de Igualdad recordó que el derecho de confidencialidad ha sido "vulnerado en muchos casos" y que se sigue haciendo en algunos procesos de servicios sanitarios "de forma anómala", exigiendo, por ejemplo, los datos personales del paciente.

De la Vega también se refirió a la posible modificación de la Ley del Aborto, asegurando que aunque el Gobierno "no tiene una postura dogmática", "siempre han estado abiertos" a realizar posibles cambios, por lo que se trabajará para que la actual regulación "funcione lo mejor posible", independientemente de que se llegue o no a modificar la legislación actual en esta materia.

"Vamos a evaluar cómo está funcionando esa ley, si ese derecho a no incrementar el dolor por una criminalización en determinados supuestos está funcionando bien y siempre se está garantizando o, a su vez, se están vulnerando otros derechos, como el derecho a la intimidad o el el derecho a la confidencialidad de los datos", aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno.

Llamazares, por una ley de plazos

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, recordó hoy la necesidad de avanzar hacia la creación de una ley de plazos "sólida y creíble" sobre el aborto. Igualmente, recalcó su apoyo al Gobierno en todas las iniciativas que tengan como objetivo impulsar una ley de esas características, pero no para todas aquellas medidas que simplemente contribuyan a la "insuficiente legislación actual" sobre al aborto. Por ello, exigió que la ley española "homologue" a la europea en esta materia.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Pro Vida, calificó de "innecesario" el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno para preservar la confidencialidad de las mujeres que abortan. "La legislación actual ya protege sus datos", según Alicia Latorre, presidenta de Pro Vida. No obstante, aseguró que su asociación pretende "que se informe de forma veraz a las mujeres embarazadas sobre las consecuencias de abortar". Explicó, igualmente, que están "al lado de la mujer".

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