Europa Press / Palma de Mallorca

El juez de Instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, decretó ayer prisión sin fianza para el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital mallorquina, Javier Rodrigo de Santos, por un presunto delito de abusos sexuales a menores. El magistrado decretó también secreto sumarial, por lo que se desconoce con cuantos menores se le relaciona. De Santos, -que recientemente cesó de su cargo tras demostrarse que gastó en clubes de alterne 50.000 euros con la tarjeta de crédito de concejal, y que devolvió- reconoció durante la comparecencia que conoce a algunos de estos menores.

De Santos reside en Madrid desde que el pasado marzo, cuando estalló este escándalo, por lo que el jueves llegaba desde la capital para acudir a la citación. El ex concejal tuvo que ser custodiado por una decena de agentes que lo acompañaron hasta las puertas de la Fiscalía Superior de Baleares, los mismos que posteriormente le condujeron hasta las dependencias de la Policía Nacional de Palma, en donde prestó declaración ante los agentes, en compañía de su abogado, Bartolomé Vidal.

El ex edil se declaró inocente de todos los delitos que se le imputaron durante su declaración, según señaló Vidal, aunque finalmente tuvo que permanecer toda la noche en los calabozos, ya que en la mañana de ayer tenía que presentarse en los juzgados de la capital mallorquina. En esta nueva comparecencia, De Santos insistió en su inocencia, sin embargo el magistrado decidió solicitar para él prisión sin fianza por un delito de malversación de caudales públicos en locales de prostitución de homosexuales, de los que dilapidó 45.000 euros. Del mismo modo, el juez decretó secreto de sumario, por lo que se desconoce con cuantos menores se relaciona al imputado. En este sentido, su abogado, Bartolomé Vidal, destacó que su cliente ha admitido que conoce a algunos de estos menores.

Se desconoce por qué el imputado ha decidido declararse inocente en estas últimas intervenciones cuando, al conocerse su caso, el propio edil popular reconoció que utilizaba la tarjeta visa del Ayuntamiento para sufragar sus gastos en locales homosexuales. El propio acusado alegaba, que este comportamiento se debía a un problema de salud relacionado con su adicción a la cocaína, tal y como explicó en un burofax que remitió al Consistorio palmesano.

Por este motivo, el pasado mes e mayo el propio De Santos se sometió a varias pruebas periciales de cabello dirigidas a determinar su adicción a la cocaína, así como a un análisis psicológico. Al parecer, los presuntos abusos o relaciones con menores de edad, se cometieron durante su etapa como político al frente de Urbanismo en el mandato de la ex alcaldesa Catalina Cirer, miembro del PP.