PSOE Y PP SE ENTIENDEN EN JUSTICIA

Los vocales del CGPJ comparecerán en el Parlamento y cesarán al concluir su mandato

El ministro de Justicia propone endurecer penas para pederastas, un registro centralizado de penados y mejoras en los registros civiles

 16:57  
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo (d), y el responsable de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, se saludan antes de la comparecencia del primero ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política de su departamento en esta legislatura.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo (d), y el responsable de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, se saludan antes de la comparecencia del primero ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política de su departamento en esta legislatura.  EFE

EUROPA PRESS El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anuncio hoy durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados una reforma del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que obligue a sus miembros a comparecer en el Parlamento y a cesar una vez concluya su mandato, con el fin de terminar con una situación como la actual, con un consejo en funciones desde el 7 noviembre de 2006 debido a la falta de consenso entre los grupos políticos para renovarlo.

La obligación de los miembros del Poder Judicial de comparecer en Cortes, según Fernández Bermejo, "no atenta a la separación de poderes ni a la independencia del Poder Judicial"."Las cortes generales representan al pueblo español y no es de recibo que este órgano pueda ver perjudicada su competencia por comparecer ante los representantes del pueblo español", insistió.

La citada reforma legislativa irá dirigida también a lograr el "cese efectivo" del órgano de Gobierno de los jueces cuando los vocales concluyan su mandato, regulándose las capacidades del Consejo en funciones.

A lo largo de su intervención, Fernández Bermejo insistió en que esta legislatura será fundamentalmente "de gestión" y estará dirigida a la modernización de la Administración de Justicia mediante la informatización de la misma y la racionalización de los recursos con la implantación de la nueva la Oficina Judicial, para lo que señaló que venía a la Cámara "pidiendo y solicitando diálogo" a todos los grupos parlamentarios.

Anunció que "pese a la actual coyuntura económica" el presupuesto de Justicia no se verá mermado durante los próximos cuatro años y habló de la pronta implantación de medidas como la elevación de las penas por pederastia, la creación de un registro común de penados y la modernización de los registros civiles.

La sesión de hoy también supuso el "estreno" como portavoz popular de Justicia de Federico Trillo, quien mantuvo un tono conciliador muy diferente al habitual del antecesor en su cargo, Ignacio Astarloa, y apuntó que, una vez escuchados los planes de Fernández Bermejo, podía decirse que las discrepancias entre los dos partidos políticos con mayor representación en el Congreso "no son tan grandes".

Registros centralizados

Entre las medidas en las que su Departamento trabaja, el ministro destacó la creación de un registro de condenados no firmes por delitos de abusos sexuales a menores que estará en marcha en el primer trimestre de 2009, dirigido a "dar respuesta a una serie de demandas que se han conocido este año de forma muy dramática", en clara alusión al caso del asesinato de la niña Mariluz Cortés, del que se acusa a un pederasta inmerso en varios procedimientos judiciales, Santiago del Valle.

En este sentido, Fernández Bermejo anunció que se reformará el Código Penal para elevarán las penas por conductas de abusos contra menores y se modificarán las medidas de seguimiento del penado "para los casos en los que un diagnostico de reincidencia aconsejen el sometimiento del individuo a un tratamiento".

Otras reformas legislativas irán dirigidas a una nueva regulación de la prescripción de los delitos "que aclare el actual estado de confusión" existente entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al respecto, así como al "impulso del proceso" para crear consejos del Poder Judicial en todas las comunidades autónomas.

No obstante, el eje de la gestión de Fernández Bermejo será, según el mismo insistió durante toda su comparecencia, la modernización de la Justicia desde cuatro frentes: racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos humanos, incorporación de las nuevas tecnologías, reforma de las leyes procesales que sean necesarias para el objetivo de la modernización y modificación de la planta judicial adaptada a las necesidades socio-demográficas de cada territorio.

Registro civiles

Otra de las iniciativas destacas por el ministro fue la de modernización del funcionamiento de los registros civiles, órganos que deben "abandonar el vuelva usted mañana y sustituirlo por un no hace falta que usted venga", empleando para ello las nuevas tecnologías.

En cuanto al acceso a las carreras judicial y fiscal, Fernández Bermejo destacó que el actual sistema de oposiciones se está demostrando insuficiente para dar respuesta a la demanda de plazas.

Por ello, pidió a los diputados que reflexionaran sobre los casi seis años de media que emplean los aspirantes sacarse las oposiciones y que imaginen un sistema de máster, a modo de MIR sanitario, que permitiría que esos seis años de un aspirante a juez lo fueran "de formación evaluada, y que el último periodo, de dos tres años, lo fuera en práctica de jurisdicción limitada. Este sistema reforzaría el de oposiciones, que en ningún caso sería derogado.

Finalmente, Fernández Bermejo se refirió a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supere el 'parcheo' del que adolece hoy día una norma de 1882 -si bien no concretó los términos la misma-, y a una iniciativa ya anunciada por el PSOE pero que no pudo desarrollarse durante la pasada legislatura, la reforma del recurso de casación y de las competencias del Tribunal Supremo, de modo que este órgano quedase para la unificación de doctrina y se dotara de competencias en última instancia judicial a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma.

Estreno de Trillo

Fue precisamente este último punto el que mereció el rechazó más significativo del nuevo portavoz del PP en materia de Justicia, quien adelantó al ministro que no contará con el apoyo de su grupo parlamentario "para que los tribunales superiores sean los superiores en la casación", al entender que la garantía de ciertos derechos tiene que ser igual en toda España. "No creemos en un sistema de justicia autonómica". apuntó.

Respecto al resto de iniciativas, Trillo mostró un tono conciliador y dialogante e incluso se refirió al discurso del ministro como "ambicioso y completo", añadiendo que en lo que respecta a la Administración de Justicia los electores les han solicitado "entendimiento".

No obstante, el diputado popular discrepó también de la propuesta sobre cambios en el acceso a la Carrera Judicial, asegurando que el sistema actual de oposiciones es algo que "funciona bien". Sobre el CGPJ, Trillo señaló que aunque pueda ser impopular decirlo, se trata de "un órgano de gobierno, no jurisdiccional, y los órganos de gobierno hacen política, nos guste más o nos guste menos", y desde el Gobierno "hay que contribuir a su autonomía e independencia".

Por parte del Grupo Mixto, la diputada de UPyD Rosa Díez criticó que los dos principales grupos parlamentarios "estén más preocupados por repartirse el poder en el CGPJ y el Tribunal Constitucional más que en renovarlos para lograr un poder independiente" y solicitó una reforma penal para que determinados delitos de terrorismo no prescriban. Este punto fue contestado por Fernández Bermejo en el turno de réplica en el sentido de que sobre la prescripción se debatirá en el momento de reforma legislativa oportuno.

Por su parte, Joan Ridao (ERC), Jordi Janet (CiU) y Emilio Olabarria (PNV) coincidieron en recoger el 'guante' para el diálogo lanzado por el ministro de Justicia y destacaron como prioridades la creación de consejos autonómicos de justicia y la consideración del uso de la lengua autonómica como dato fundamental a la hora de optar a una plaza de juez en un territorio determinado.

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