Esta iniciativa -presentada por CiU, aunque se ha consensuado un texto transaccional con PSOE, PP y Entesa- surge a raíz de la fuga de partículas radiactivas que sufrió la central tarraconense de Ascó I a finales de noviembre de 2007, y que no trascendió a la opinión pública hasta el pasado 5 de abril.

El texto insta al Gobierno a poner en marcha una política efectiva en materia de transparencia informativa frente a los accidentes nucleares para facilitar datos a la población afectada por este tipo de incidencias, "dado el desbarajuste informativo" que se produjo en el caso de Ascó I, según ha afirmado el senador de CiU Josep Maldonado.

La moción exige el traspaso efectivo de competencias en materia de seguridad nuclear a la Generalitat, de acuerdo con el artículo 132.4 del Estatuto catalán, propuesta que ha sido sugerida por el grupo popular en la Cámara.

Además, la iniciativa recuerda al Gobierno la necesidad de coordinar los planes PENTA (Plan de Seguridad Nuclear de Tarragona) y el PLASEQTA (Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona), tal y como aprobó en una proposición no de ley el Congreso en 2006, requerimiento que no se ha cumplido debido a la "tozudez del Gobierno", según Maldonado.

Finalmente, la moción insta al Gobierno a aplicar con el máximo rigor las conclusiones que se deriven del expediente elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear como consecuencia del incidente de Ascó I.

El senador de CiU ha destacado en su exposición que el "desbarajuste informativo" a raíz del incidente de Ascó I preocupó enormemente a la ciudadanía, por lo que ha defendido estas medidas para coordinar los planes de emergencia y tranquilizar a la población ante hechos parecidos.

Maldonado ha justificado la petición de traspaso a la Generalitat de competencias en materia de seguridad nuclear alegando que "in situ es más fácil reaccionar" ante un incidente.

Sobre este punto, el senador de CiU ha querido destacar el hecho de que haya sido el PP quien haya pedido el traspaso en base al Estatuto, y ha confiado en que esta iniciativa suponga una nueva actitud positiva de los populares frente a Cataluña y que el texto estatutario "deje de recibir recursos y ataques" por parte de este partido.

Desde la Entesa, Pere Muñoz ha destacado que la unanimidad a la hora de acordar el texto pone de manifiesto que la seguridad nuclear no tiene colores políticos, aunque ha lamentado que haya tenido que ocurrir un accidente para que se tomen medidas correctoras.

En su intervención, Muñoz ha señalado que el hecho de convertir en autovía la carretera C-12 (que transcurre por Ascó y soporta un intenso tráfico de camiones procedente de la central y de la planta química, según ha dicho) sería una demostración clara de la voluntad de activar los planes de emergencia.

Miguel Ángel Urquiza, del PSOE, ha considerado que la competencia en materia de seguridad nuclear corresponde al Estado, dado que tiene un alcance superior al de una comunidad autónoma, aunque ha opinado que no es incompatible con las competencias que el Estatuto reconoce a la Generalitat, por lo que se ha mostrado de acuerdo en que se deleguen funciones y se trabaje coordinadamente.