El máximo responsable de la cúpula militar en el momento en el que se produjo el accidente del Yakovlev-42, que causó la muerte de 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, asumió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska la responsabilidad de contratar el avión y aseguró que volvería a "elegir el mismo sistema de vuelos", según informaron las partes personadas en la causa.
El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), y el general de División Juan Luis Ibarreta, imputados en la causa de la contratación del aparato por un delito de homicidio grave por imprudencia, defendieron ante el juez que "no existían motivos para dudar de la seguridad" de aviones como el Yak-42.
Durante su comparecencia, que se prolongó durante más de una hora para cada uno, Moreno e Ibarreta explicaron que el Ministerio de Defensa contrató, a través de la agencia de la OTAN Namsa, a compañías de países procedentes de la Unión Soviética porque a la cúpula militar no llegó nunca ninguna queja relativa a problemas de seguridad en estos aparatos, según explicó a su salida del juzgado su abogado, Joaquín Rodríguez-Miguel.
El ex JEMAD incluso detalló al juez que antes del accidente, el Yak-42 siniestrado realizó otros tres vuelos similares sin que de ellos se derivara ningún informe negativo. Según añadió Rodríguez-Miguel, incluso uno de los responsables militares que habían utilizado el aparato realizó una felicitación sobre su funcionamiento que fue posteriormente reproducida en Castilla-La Mancha Televisión. En relación con el control de los aparatos en los que se desplazaban las tropas, Moreno indicó que el EMACON únicamente se encargaba de realizar inspecciones operativas sobre los vuelos y no técnicas, lo que definió con el término de "inspecciones suaves".
Los militares, que se mostraron "nerviosos" en algún punto de sus intervenciones, según destacaron los abogados de los familiares de las víctimas, justificaron la elección de la agencia de la OTAN Namsa para el desplazamiento de las tropas al exterior en lugar de ejecutar este proceso directamente con las compañías y a través de la Ley de Contrataciones del Estado.
En este sentido, indicaron que la agencia de la OTAN trabajaba con compañías que ofrecían más flexibilidad a la hora de cambiar los vuelos, corrían mayores riesgos para acudir a zonas en conflicto y asumían toda la responsabilidad de sus operaciones.
Según los abogados de las familias, los mandos apuntaron a la existencia de un manifiesto unilateral de la empresa ajeno al contrato en el que se exoneraba de responsabilidad a la otra parte en caso de accidente.
El ex JEMAD, que fue interrogado por Grande-Marlaska durante buena parte de la declaración, dijo que únicamente conoció el contrato del Yak-42 a través del EMACON, al que delegó las competencias en este asunto. De igual modo, aseguró desconocer que 14 quejas sobre seguridad hubieran llegado al Ministerio.
Carácter confidencial
En este sentido, aseguró no conocer por su "carácter conficencial" el informe elaborado por el Mando Aéreo de Levante (MALEV) sobre problemas de seguridad en aviones Tupolev e Illushyn que, según ratificó el ex ministro José Bono durante su comparecencia ante el juez, se remitió por fax al gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) y al Centro de Coordinación de la Defensa (CECOD), al que Moreno situó "a pie de obra del ministro".
De igual modo, Moreno e Ibarreta señalaron que no facilitaron al ministro de Defensa la información con la que respondió una pregunta parlamentaria sobre problemas de seguridad en estos aparatos, y que fueron ellos y no Trillo quienes tomaron, tras el accidente, la decisión de suspender los contratos con Namsa.
